BUENOS AIRES (AP) — El titular del Fondo de Inversión Fintech Advisory, David Martínez, afirmó el domingo estar dispuesto a canjear los títulos de la deuda pública argentina en su poder, por bonos bajo jurisdicción nacional.
Esta medida, dijo, permitiría «aislar al juez Thomas Griesa y a los ‘fondos buitre’ y reanudar la cadena de pagos interrumpida en forma arbitraria».
La presidenta Cristina Fernández anunció el martes que enviará al Congreso un proyecto de ley para emitir nuevos títulos de deuda bajo jurisdicción argentina, que le permitirá sortear la prohibición de pago que ordenó el juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, en el marco de un litigio con tenedores de deuda que reclaman 1.600 millones de dólares al país.
Griesa calificó el jueves de «ilegales» las acciones de Buenos Aires pero no declaró al país en desacato, a la espera de un acuerdo.
En una entrevista al diario Página 12, el titular del fondo Fintech manifestó su acuerdo con un canje de la deuda reestructurada, por nuevos títulos emitidos en moneda extranjera pero bajo jurisdicción argentina.
Martínez consideró que el proyecto de ley de pago soberano local «es la forma correcta» que tiene el país para «recuperar la capacidad de conducción de sus negocios» y «reconstruir la cadena de pagos de los bonos reestructurados».
Añadió que el juez Griesa «nada podría hacer ante una emisión de deuda interna en la Argentina, para la cual no hay obstáculos de mercado».
El 92,4% de los acreedores de Argentina aceptó canje de deuda en 2005 y 2010 con una fuerte reducción de los adeudos. Pero una parte de esos títulos se emitieron bajo las leyes de valores de Estados Unidos por lo que su pago quedó afectado por una demanda que un grupo de tenedores ganó en los tribunales.
Por decisión de Griesa, The Bank of New York Mellon decidió mantener retenidos unos 540 millones de dólares que el país depositó para cumplir el vencimiento el 30 de junio de deuda en manos de tenedores que aceptaron los canjes. Según el juez Griesa, el país debía pagar antes y al contado la totalidad de 1.600 millones de dólares que los fondos litigantes reclaman.
El gobierno sostiene que no puede cumplir el fallo del juez estadounidense porque ello infringe contratos con otros tenedores de deuda y provocaría reclamaciones de hasta 500.000 millones de dólares. Eso dejó a Argentina desde el 30 de junio en cesación parcial de pagos.