La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, convocó para el miércoles 17 de diciembre una sesión en el pleno con el propósito de tratar en segundo debate el proyecto de Ley de Telecomunicaciones.
Según el informe, que ya fue discutido en primer debate, pero que tiene modificaciones, las empresas de este sector empezarán a pagar un monto trimestral al Estado, en caso de que alcancen o sobrepasen el 30% de participación en el mercado.
El artículo 34 de este cuerpo legal prevé una tabla de pagos “con el fin de evitar distorsiones en el mercado de telecomunicaciones y promover la competencia”.
En principio, el borrador proponía una tabla que buscaba recaudar entre el 1 y el 9% de los ingresos totales de las operadoras telefónicas que tengan una participación en el mercado sobre el 35%. Este artículo solo afectaba a Claro, que tiene el 68,07% de participación. Según el diario El Comercio, de aprobarse el proyecto de ley con los nuevos cambios, DirecTV (qaue cuenta con el 34% del mercado de suscripciones de televisión de pago) también tendría que pagar un aporte por participación en el mercado.
La norma propone crear la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita técnicamente al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Dicha agencia, que será parte de la función Ejecutiva, reemplazará a la Superintendencia de Telecomunicaciones, que actualmente es una de las instituciones que integran la Función de Transparencia y Control Social.
La propuesta deroga la Ley Especial de Telecomunicaciones y todas sus reformas y el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Radiodifusión y Televisión y su Reglamento General, así como las disposiciones contenidas en reglamentos, ordenanzas y demás normas que se opongan a la presente ley.
Prevé que los servidores y trabajadores que prestan servicios en la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, pasen a formar parte de la nómina de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, conservando sus derechos de conformidad con la ley.