Buenos Aires, 17 dic (EFE).- La Cámara de Diputados argentina convirtió hoy en ley el proyecto que regula el sector de las telecomunicaciones, abre la puerta a una mayor intervención estatal y permite que las empresas telefónicas brinden también servicios de internet y televisión por cable.
Tras un extenso debate parlamentario, la Cámara Baja aprobó de madrugada el proyecto «Argentina Digital» con 131 votos a favor y 97 en contra.
El oficialismo argumenta que la iniciativa, que reemplaza a una ley de 1972, propiciará una mejora del servicio y una reducción de precios, pero los críticos advierten que los principales beneficiados serán las firmas de telecomunicaciones, que hasta ahora no podían ofrecer televisión por cable.
«No hay acceso definitivo a la democratización si no hay acceso libre a las telecomunicaciones», dijo el diputado del Frente para la Victoria Mario Oporto, quien aseguró que estas son «de interés público» y «deben ser un derecho humano».
La nueva norma «protege a las pymes (pequeñas y medianas empresas), a las mutuales y a las cooperativas en condiciones de igualdad», agregó Oporto, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática.
El proyecto Argentina Digital establece que las empresas deben alquilar sus redes a precios fijados por el Estado, lo que permitirá a compañías que no tienen una amplia infraestructura ofrecer múltiples servicios.
Sin embargo, la oposición objetó que las nuevas reglas del juego favorecerán a los grandes actores del mercado.
La ley «conlleva la concentración y extranjerización de la comunicación audiovisual» y «no impide que las grandes multinacionales tiendan a avasallar a las pymes y cooperativas argentinas para eliminar la competencia», criticó el diputado radical Miguel Giubergia.
«Permite negocios millonarios para los amigos y se erige como juez y parte, por un lado, y como regulador y controlador de las reglas del juego de las telecomunicaciones, por el otro», añadió.
«En vez de defender los intereses de los usuarios y limitar las prácticas abusivas de las empresas, es una iniciativa pensada para garantizar y extender el negocio de las (compañías) telefónicas, consolidando aún más su posición dominante», opinó el diputado socialista Roy Cortina.
El proyecto contempla como un servicio público a la telefonía fija, lo que permite al Estado la regulación de las tarifas, pero no así a la telefonía móvil. EFE