SANTIAGO, Chile (AP) — La presidenta Michelle Bachelet alabó el viernes la aprobación chilena del acuerdo para la Asociación Transpacífico, que para entrar en vigor debe ser aprobado por el Congreso, ante la queja de organizaciones no gubernamentales que cuestionaron el secretismo que rodeó las negociaciones.
El lunes 12 países firmaron el acuerdo, conocido como TPP por sus siglas en inglés, que debe ser ratificado por los respectivos congresos. Los parlamentos sólo pueden rechazarlo o aprobarlo, pero no modificarlo.
Bachelet dijo en el palacio de gobierno que el TPP «va a ser muy beneficioso para el país» y agregó que «se han abierto nuevas oportunidades para nuestros exportadores». Según la mandataria, los sectores más favorecidos serán el agrícola, el agroindustrial y el forestal.
Añadió que se logró «un acuerdo balanceado, con beneficios importantes, pero a la vez salvaguardando aspectos sensibles, especialmente en el ámbito de la propiedad intelectual». Además, recalcó, «hemos defendido el interés nacional, asegurando que no iremos más allá de estándares que impone la norma vigente».
El TPP, que representa 36% del PIB mundial y abarca a 800 millones de personas, es un amplio pacto de libre comercio que elimina barreras comerciales, establece normas ambientales y laborales y protege la propiedad intelectual de las multinacionales, incluidas las farmacéuticas.
El acuerdo incluye a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Varias organizaciones no gubernamentales han expresado sus dudas y otras incluso el rechazo al acuerdo. La chilena Derechos Digitales -integrada por abogados vinculados a la Universidad de Chile- exhortó a los 12 países a publicar los documentos de la negociación que se han mantenido «celosamente ocultos» durante los últimos siete años, «de modo que podamos conocer la real dimensión de los costos y beneficios asociados a suscribir esta alianza comercial».
Añadió que las condiciones del acuerdo se mantienen en secreto y que los únicos que lo evaluaron fueron los equipos negociadores.
Derechos Digitales añadió que es el turno de los congresistas de Chile, México y Perú de estudiar detenidamente «si esta es la mejor ruta hacia Estados más desarrollados, más democráticos y donde los ciudadanos cuenten con mayores derechos».
En tanto Consumers International, una federación internacional de organizaciones de consumidores, criticó en una declaración pública el secretismo de las negociaciones, llamó a liberar los textos y dijo que «entre los grandes temas colaterales que deja este proceso, está la urgencia de crear y aplicar nuevos compromisos sobre la participación pública en las negociaciones comerciales».
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