El Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Guayaquil, ha declarado en suspenso la multa de 82 millones de dólares impuesta por la Superintendencia de Control de Poder del Mercado en contra de la empresa telefónica CONECEL, propietaria de la marca Claro.
Conecel ha declarado, en un boletín de prensa emitido esta tarde, que «oportunamente cumplió con la medida preventiva dispuesta por la Superintendencia de Control de Poder del Mercado y que acudirá a las instancias nacionales e internacionales competentes para evitar la reiterada trasgresión de sus derechos procesales, civiles y de protección a su inversión en el país».
La telefónica ha subrayado también que «este tipo de sanciones arbitrarias no contribuyen a un buen ambiente empresarial, que requiere certidumbre jurídica para generar inversión y empleo en el país».
En 2014, la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, demandó a Claro ante la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, por sentirse perjudicada al no poder poner sus antenas en cinco terrenos en Napo, Esmeraldas y Manabí, que habían sido ya identificados y alquilados por Claro con contratos de exclusividad.
Claro alegó que la ubicación de dichos terrenos había sido determinada tras costosos estudios, que CNT quería aprovecharse de sus inversiones y su trabajo, pero que aún incluso pese a eso, nada impedía que ubique sus antenas en terrenos circundantes, pero la Superintendencia la multó con 138 millones de dólares, sanción que posteriormente fue suspendida por el Tribunal Contencioso Administrativo, en marzo de 2014.
La primera semana de septiembre de este año, la Superintendencia de Control de Poder del Mercado ha multado nuevamente a Claro con 82 millones de dólares por, supuestamente, no haber tomado ninguna medida para remediar el conflicto con la CNT, hecho que Claro niega.