La Comisión Europea (CE) advirtió hoy de que la desigualdad, los altos niveles de desempleo y la pobreza continúan siendo «retos clave» para los Estados miembros e instó a emplear la inversión y las reformas estructurales para impulsar el crecimiento.
El Ejecutivo comunitario alerta de que, si bien la recuperación es «firme», la economía comunitaria aún tiene que abordar «el legado de la crisis», según se recoge en la comunicación que acompaña a los informes por país que publicó hoy, y en los que analiza la economía y reformas de los países de la Unión Europea (UE).
El documento se refiere en particular al desempleo de larga duración, un problema que, si no se ataja, corre el riesgo de convertirse en «estructural».
El vicepresidente de la CE para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, señaló que las políticas basadas en la inversión, las reformas y las políticas presupuestarias sólidas, «están dando sus frutos».
No obstante, subrayó la necesidad de hacer frente a los desafíos que puedan derivarse de la administración del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, y de la futura salida del Reino Unido de la UE, así como a los nuevos retos de la globalización, como la transformación geopolítica o los cambios tecnológicos.
«El cambio genera oportunidades pero también decepciona a los que no las pueden aprovechar al máximo», alertó Dombrovskis.
La comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, expresó su satisfacción por que los Estados miembros estén llevando a cabo las recomendaciones específicas emitidas por el Ejecutivo comunitario en 2016 en materia social y laboral, y destacó avances en la reforma de los sistemas de pensiones y en los esfuerzos para que más personas accedan al mercado de trabajo.
Sin embargo, alertó de que «van con retraso» las reformas para abordar la pobreza y proporcionar una educación de alta calidad, en particular para los colectivos más desfavorecidos.
«La UE en general es un buen lugar para vivir, las condiciones de vida son justas y las desigualdades son las más bajas, pero esto no significa que la igualdad y la justicia sean una realidad en el día a día de los ciudadanos europeos», señaló.
En ese sentido, Thyssen consideró que abordar las desigualdades no es solo una cuestión social sino un «imperativo económico» porque «la igualdad genera inclusión social y en última instancia sienta las bases de una mayor calidad de vida».
La comisaria instó a trabajar por un sistema «más social» que permita que los ciudadanos salgan beneficiados, ya que hasta ahora estos no se han beneficiado de los incrementos de productividad, para lo que propuso que se fije un salario mínimo digno en todos los países de la UE.
En general, el informe destacó la «resiliencia» de la economía europea y celebró la corrección del déficit público en los países, al tiempo que instó a los Estados miembros a emplear «todas las herramientas monetarias, fiscales y estructurales» para reforzar el crecimiento, la inversión y la estabilidad financiera.
El Ejecutivo comunitario destacó que, pese a la buena forma de la economía, persisten riesgos, en particular, los asociados a los préstamos fallidos (con alto riesgo de impago) en la Unión y al superávit excesivo en algunos países.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, hizo hincapié en concreto en el elevado superávit alemán, que alcanzó su cifra récord en 2016, con un 8,7 % del Producto Interior Bruto (PIB), por encima del umbral del 6 % que Bruselas considera adecuado.
«Hemos constatado que el superávit actual no es sano para la economía alemana y crea distorsiones económicas y políticas para toda la eurozona», advirtió Moscovici.
En este sentido animó a Alemania a «aplicar una estrategia de inversiones para reducir ese desequilibrio», aunque reconoció a renglón seguido que el excedente no está totalmente bajo el control del Gobierno alemán, ya que han influido factores externos como los precios del petróleo y la depreciación del euro.
En cuanto a los préstamos fallidos, la CE hizo una advertencia a Italia, el país comunitario que acumula una mayor carga de créditos improductivos.
Además, advirtió también a Italia de los riesgos ligados a su elevada deuda pública (que prevé se sitúe en torno al 133 % del PIB entre 2016 y 2018) y baja productividad, que pueden también tener consecuencias negativas para el resto de socios comunitarios. EFE