La petrolera boliviana YPFB, la insignia de las nacionalizaciones decretadas por el Gobierno de Evo Morales, no logra quitarse de encima la sombra de la corrupción que le acecha desde hace once años, periodo en el que ha tenido ya ocho presidentes.
Las denuncias de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no son una cuestión menor ya que se trata de la empresa más grande del Estado y un motor de la economía de país.
La petrolera está a cargo de la dirección total del sector tras la nacionalización decretada por el presidente Morales en 2006, una política que generó 31.500 millones de dólares de ingresos para el Estado en una década, según cifras oficiales.
No todos sus ejecutivos fueron relevados por las denuncias de corrupción, ya que también hubo casos en los que se los cambió por acusaciones de nepotismo y de errores en contratos, pero de tanto en tanto saltan las sospechas de la comisión de delitos de gravedad.
El caso más reciente se produjo por supuestas irregularidades en la compra de tres taladros de perforación a la firma italiana Drillmec por 148,8 millones de dólares, por el que Guillermo Achá fue destituido la semana pasada de la presidencia de YPFB.
Las irregularidades fueron denunciadas a finales de 2016 por el senador opositor Oscar Ortiz y confirmadas en marzo mediante una investigación de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos que detectó que hubo una «incorrecta adjudicación» en el contrato para la adquisición de los equipos.
El caso está en manos de la Fiscalía desde abril pasado, aunque Achá fue incluido en las investigaciones recién esta semana.
Achá fue imputado por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.
La Fiscalía había solicitado su detención preventiva, pero un juez dispuso su arresto domiciliario.
Cuando tomó juramento al nuevo máximo ejecutivo de YPFB, Oscar Barriga, el presidente Morales aseguró que algunos expresidentes de la empresa fueron falsamente acusados de corrupción por la «derecha» para «desgastar» a la «empresa más grande de los bolivianos».
Morales defendió sobre todo a Jorge Alvarado, el primer presidente que tuvo YPFB cuando Morales asumió el poder en 2006.
Alvarado, que fue después embajador en Venezuela y hoy es gerente de una empresa pública de aguas, fue acusado de haber infringido la nacionalización de los hidrocarburos por haber suscrito un contrato con una firma intermediaria para vender crudo a Brasil.
Su sucesor fue Juan Carlos Ortiz, quien dimitió a cinco meses de haber asumido el cargo, alegando falta de respaldo a su gestión.
En su lugar asumió Manuel Morales Olivera, quien también duró unos meses y fue cambiado por un escándalo de múltiples errores en los 44 contratos petroleros firmados tras la nacionalización.
Tras Morales Olivera, fue presidente Guillermo Aruquipa, cambiado luego de casi un año en medio de denuncias de nepotismo.
El caso más sonado fue el protagonizado por el sucesor de Aruquipa, el exsenador Santos Ramírez, por entonces hombre fuerte del oficialismo y potencial sustituto de Morales en el poder.
La trama de corrupción en este caso estalló en enero de 2009, cuando el empresario boliviano Jorge O’Connor D’Arlach fue asesinado a tiros en La Paz, a las puertas de una casa de la familia de Ramírez, cuando llevaba 450.000 dólares en efectivo.
La Fiscalía acusó al exsenador de tener un acuerdo con la firma argentino-boliviana Catler Uniservice, representada por O’Connor y por el argentino Agustín Melano, para ganar una comisión ilegal por contratarlos para construir una planta de gas.
La gestión del sucesor de Ramírez, Carlos Villegas, fallecido en enero de 2015 por cáncer, fue destacada siempre por Morales, pero no pudo librarse en niveles intermedios de las denuncias de corrupción.
En concreto, fue acusado de delitos uno de los gerentes clave en la licitación para la construcción de dos plantas de gas natural en las que el Gobierno hizo una inversión millonaria.
El de Ramírez es hasta ahora el único caso que se investigó a fondo y que concluyó con una sentencia.
En el caso de Drillmec, Morales ha asegurado que las irregularidades se detectaron a tiempo y se anuló el contrato con la italiana, por lo que no hubo una pérdida económica.
El mandatario pidió al nuevo presidente de YPFB, Barriga, revisar en detalle todos los procesos de contratación en la petrolera.
No obstante, la oposición ha venido reclamando al Gobierno una «cirugía mayor» para YPFB, que incluya la institucionalización de los altos cargos y que de una vez se deje de designar presidentes interinos, para tener uno titular, que salga de una terna discutida en el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría. EFE