MADRID (AP) — Las autoridades centrales de España ajustaron el control de gastos del gobierno catalán para garantizar que no se desvíen fondos a un referendo declarado anticonstitucional, dijo el ministro de Hacienda el viernes.
Tras la reunión semanal del gabinete, Cristóbal Montoro dijo que el gobierno catalán tendrá plazo de 48 horas para cumplir con un nuevo sistema de vigilancia de los fondos públicos para «garantizar que ni un euro irá a pagar algo ilegal relacionado con el referéndum del 1 de octubre».
Montoro dijo que las medidas extraordinarias se justifican por la necesidad de asegurar la estabilidad presupuestaria de Cataluña y para defender el orden legal en España.
La semana pasada, la corte constitucional ordenó suspender un referendo sobre independencia convocado por el gobierno catalán para el 1 de octubre.
Los políticos separatistas de la región más desarrollada de España quieren seguir adelante con el referendo a pesar de la prohibición y el inicio de una investigación criminal a los alcaldes de Cataluña que apoyaron la votación.
El jueves, el vicepresidente catalán Oriol Junqueras, quien está a cargo de los asuntos económicos, dijo que dejará de enviar informes semanales de gastos a las autoridades centrales porque la vigilancia obedece a motivos políticos.
Los 17 gobiernos regionales deben enviar informes mensuales a Madrid, pero desde julio se dispuso que fueran semanales en el caso de Cataluña a medida que progresaban los preparativos para el referendo.
Madrid ha rechazado los pedidos de diálogo de las autoridades catalanas sobre un referendo, porque éste solo se puede realizar si una mayoría en el parlamento nacional vota a favor de modificar la constitución. Bajo la ley española, solo el gobierno central puede promover un referendo de secesión y todos los ciudadanos españoles tienen el derecho de votar en asuntos que afectan la soberanía nacional.
En una carta en la que pidieron el diálogo, el presidente catalán Carles Puigdemont, Junqueras, la presidenta del parlamento regional Carme Forcadell y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acusaron a España de lanzar «una ofensiva de represión sin precedentes».
«El Presidente del Gobierno no puede convertir algo ilegal en algo legal. No le corresponde y el derecho de secesión no está contemplado en la Constitución española», dijo el vocero del gobierno y ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.
La próspera región catalana genera la quinta parte de la economía nacional, de 1,1 billones de euros. Goza de amplia autonomía, policía propia y poderes sobre la salud y la educación. Los impuestos, los asuntos exteriores, la defensa y la infraestructura están en manos de las autoridades centrales.
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