El ministro ecuatoriano de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, cree que los contratos participativos pueden ser una vía para alentar la inversión en el sector petrolero ecuatoriano, dada las necesidades de las empresas privadas de poder usar las reservas de crudo para conseguir financiación.
«Las ventajas de estos (contratos) es que ellas (las empresas) pueden apalancarse en las reservas para financiar sus proyectos», dijo hoy en una entrevista con Efe en la que, entre otros asuntos, analizó las estrategias del actual Gobierno ecuatoriano para conseguir financiación extranjera.
El «contrato participativo» contrasta con el más recurrente del anterior ejecutivo de Rafael Correa en este tipo de proyectos de la industria petrolera, y que usó como formula con el fin de garantizar mayores beneficios para el pueblo ecuatoriano.
Con una severa deuda de casi 42.000 millones de dólares, y otros 8.000 en pasivos, Ecuador buscar relanzar su producción de crudo a los 700.000 barriles diarios hasta 2021, un proyecto que el ministro Pérez cree posible con una mayor participación del sector privado.
En ese sentido, y dadas las limitaciones de las reservas ecuatorianas, el Gobierno busca en los mercados extranjeros empresas de mediano tamaño a las que podría llegar a ofrecer una forma de «contrato de participación» y no de «servicios».
La diferencia, explica, es que con el «contrato de servicios» no pueden apalancar las reservas «porque estas no son registradas en sus libros».
E insiste en que se trataría de contratos «bien manejados» y «ajustados e indexados al WTI referencial».
«Creo que puede ser beneficios para el país y para las empresas, de tal manera que la tarifa (por barril) sea justa según el mercado se desenvuelva», sostiene.
Preguntado por Efe sobre su nueva andadura en el sector gubernamental, después de décadas en el sector privado, Pérez ve su nombramiento como una «apuesta» del presidente Moreno en una persona con «el conocimiento del área» que pueda «hablar y entender el lenguaje de las empresas privadas y trabajar con ellas».
«Las empresas privadas se sienten confortables en tener una contraparte con la que puedan dialogar, que entienda sus problemas y cuáles son sus intereses; obviamente poniendo sobre la mesa el interés del país», agregó.
«Yo trabajo para el gobierno de Ecuador y tengo que defender los intereses de Ecuador, pero por otro lado no quita que entienda cuál es la situación en las que están las empresas, qué les llama o les interesa para invertir en el país (..) o cuales son sus expectativas», concluyó. EFE