El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Catar, Ali Bin Samikh Al-Marri, denunció hoy el «castigo colectivo que viola los principios del derecho internacional» que sufren los cataríes y los residentes en Catar por el bloqueo de los países vecinos, encabezados por Arabia Saudí.
En una entrevista con Efe, Samikh Al-Marri consideró un cerco inhumano el bloqueo fronterizo al tráfico de personas y mercancías que desde el 5 de junio sufre su país, «que importa por vía terrestre el 80 por ciento de los productos básicos como alimentos y medicinas».
El conflicto político y diplomático entre Doha y Riad ha desatado las represalias saudíes a las que se han sumado Emiratos Árabes Unidos y Baréin, así como Egipto, que denuncia el apoyo catarí a los Hermanos Musulmanes.
Samikk Al-Marri explicó que «el pueblo catarí pase hambre es una medida de presión» inaceptable, aunque precisó que lo evitaron «gracias a que Catar tenía planes alternativos» para abastecerse.
Lamentó que los 13.000 saudíes que vivían en Catar fuesen obligados por las autoridades de Riad a regresar a su país como los ciudadanos de las otras naciones enfrentadas diplomáticamente con Doha.
Citó como ejemplos el caso de una madre catarí deportada que fue obligada a dejar atrás su bebe de tres meses o el de una mujer de 60 años a la que «le han exigido dejar a su familia» tras residir casada en Baréin 40 años.
En su opinión, las represalias adoptadas por los vecinos conculcan desde el derecho al trabajo al derecho a la reagrupación familiar o a la educación de los jóvenes, que se han visto obligados a renunciar a sus estudios.
«Ni para los entierros» autorizan visitas familiares, se quejó Samikh Al-Marri, quien subrayó también los impedimentos que encuentran los peregrinos que pretenden viajar a Medina o cumplir con el «hach», la visita a la Meca que los musulmanes tienen entre sus principales preceptos religiosos.
Los empresarios también se han visto obligados a «abandonar sus negocios», denunció, al criticar que estas decisiones políticas «les impidieron continuar al frente de sus empresas».
A su juicio, este tipo de medidas «daña a sus propios países», ya que, agregó, «ya no son seguros para invertir y asustan a los inversores».
Según los datos oficiales citados por Samikh Al-Marri, la comisión que preside «ha recibido más de 4.000 demandas por violación de los derechos humanos».
Aseguró que «cualquier ciudadano que simpatice con Catar puede ir a la cárcel entre cinco y quince años» y añadió -como ejemplo- de otras medidas de represalia que «cualquier bareiní que visite Catar puede perder su pasaporte».
También mencionó las medidas de represión de la libertad de expresión en Abu Dabi, donde afirmó fueron «detenidos quienes criticaron las medidas injustas en las redes sociales».
También en Riad hubo quien «por tuitear o pedir a dios que se resuelva este conflicto de forma pacifica fue a la cárcel».
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Catar indicó que las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos como Human Right Watch o Amnistía Internacional también han denunciado «el uso de ciudadanos, estudiantes o empresarios en un conflicto político».
Abogó «por separar a la gente de la crisis diplomática» mientras se resuelve la disputa política que se ve enturbiada por las relaciones de Catar con su vecino Irán, la repercusión de las emisiones del canal Al Yazira o las acusaciones de implicación catarí en los conflictos de Siria o Libia.
Catar, que fue expulsada de la coalición militar encabezada por Riad en la guerra del Yemen, -donde según precisó el embajador catarí en Madrid, Mohamed Jaham al Kuwari, participaba como fuerza defensiva en la frontera saudí-, pide fin a esa intervención.
Samikh Al-Marri inaugurará mañana la exposición de caligrafía árabe sobre derechos humanos en el islam donde podrán contemplarse 20 pinturas con «versos coránicos y tradiciones proféticas, que guardan relación directa con las convenciones internacionales sobre derechos humanos». EFE