La segunda semana de huelga sindical contra una reforma tributaria en Costa Rica se inició hoy con bloqueos en vías y escasez de combustibles en gasolineras, mientras el Gobierno insiste en hacer un llamado al diálogo y mantendrá su política de evitar el uso de la fuerza.
Largas filas de camiones cisterna en los planteles de la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE, monopolio de importación de hidrocarburos) esperan a ser abastecidos para distribuir el combustible a gasolineras de todo el país.
En las gasolineras de San José hay filas de vehículos para llenar el tanque de gasolina y en muchas escasea el material, especialmente la gasolina súper.
En las provincias del interior del país también se reporta escasez de combustibles en muchas gasolineras.
Los bloqueos en carreteras, muchas veces temporales, se mantienen en la ruta a la provincia de Limón (Caribe), y se prevé que ocurran más en la carretera interamericana a la altura de Barranca, provincia de Puntarenas.
Los sindicatos han convocado a bloquear la entrada a los planteles de RECOPE en Alajuela (centro), Cartago (este), Barranca (Pacífico) y Limón (Caribe), como ha ocurrió durante toda la semana anterior.
También se produjo la noche del domingo una ruptura del poliducto principal de combustible del país en la provincia de Alajuela (centro), un hecho que las autoridades investigan para determinar si se trata de vandalismo.
Por otra parte, el Gobierno informó que debido a los bloqueos originados por la huelga, la empresa Celebrity Cruises decidió cancelar la llegada de un crucero con 3.000 turistas al puerto de Puntarenas (Pacífico) por temor a que los viajeros no puedan cumplir con sus tours o se queden varados en algún punto.
Según el Gobierno, esto representa un golpe para el sector turismo, pues cada viajero gasta en promedio 100 dólares en el país.
El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, dijo hoy al Canal 7 de la televisión que durante la huelga han sucedido «actos más allá del derechos a manifestarse, al derecho a huelga, como actos de sabotaje, vandalismo y bloqueos».
Piza dijo que el Gobierno «ha sido tolerante» con los manifestantes, que el llamado al diálogo se mantiene abierto, pero que será «firme» para garantizar los derechos de todo la población como el libre tránsito.
«Quisiera llamar al diálogo y si hay que corregir algo en el proyecto de ley, siempre hay oportunidad», declaró Piza.
La semana pasada el Gobierno aceptó la propuesta de mediación hecha por la Conferencia Episcopal y el Consejo Nacional de Rectores, pero los sindicatos aún no dan una respuesta.
Para hoy los sindicatos tienen programadas marchas en San José y en la provincia de Limón (Caribe), así como en otras zonas del país.
Los sindicatos exigen el retiro del Congreso del proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.
Los sindicatos aseguran que la ley afectará en mayor medidas a las clases medias y bajas, especialmente con las reducciones a pluses salariales en el sector público que la iniciativa plantea.
El Gobierno afirma que el 60 por ciento del dinero que la reforma busca recaudar provendrá del 10 por ciento de la población con mayores ingresos. EFE