BOGOTA (AP) — Un juez colombiano condenó a 20 años de prisión a siete militares que ejecutaron hace cinco años a tres vendedores ambulantes a los que falsamente reportaron como delincuentes muertos en combate, informó el jueves la Fiscalía General.
La Fiscalía informó en un comunicado que un juez de Medellín, capital del departamento de Antioquia, 250 kilómetros al noroeste de Bogotá, sentenció a un teniente del Ejército, dos suboficiales y cuatro soldados.
Los siete uniformados, que están recluidos en diferentes guarniciones militares del país, se acogieron a la figura de sentencia anticipada y por eso su condena se redujo de 40 a 20 años de cárcel. Todos aceptaron ser responsables del delito de homicidio.
Los hechos sucedieron en abril de 2006 en zona rural del municipio de Abriaquí (Antioquia), 315 kilómetros al noroeste de la capital colombiana, cuando «tropas… de la Cuarta Brigada del Ejército (con sede en Medellín) reportaron la muerte en choque armado de los presuntos extorsionistas Einer Jonathan Muñoz, Elkin Alexander Correa y Juan Francisco Parra».
Junto a los cadáveres de los mencionados tres vendedores ambulantes, agregó la Fiscalía, las autoridades encontraron tres granadas de fragmentación, una pistola y una escopeta. «Sin embargo, familiares y amigos de las víctimas declararon a la Fiscalía que un día antes de sus muertes los tres jóvenes fueron contactados para supuestos trabajos en una finca de la zona». Es decir, eran trabajadores y no delincuentes.
Desde finales de 2008, cuando se descubrió que muchas bajas reportadas por militares en realidad eran ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía ha recibido denuncias de que 2.701 personas habrían sido víctimas de esta práctica que en Colombia se conoce como «falsos positivos».
De esas 2.701 supuestas víctimas, 128 eran mujeres y 135 menores de edad.
Según estadísticas de la Fiscalía, hasta abril pasado 344 militares habían sido condenados por estos hechos. Por lo menos otros 700 uniformados están vinculados a procesos penales en la Fiscalía y en juzgados de Colombia.
En octubre de 2008, el entonces presidente Alvaro Uribe (2002-2010) y el hoy presidente Juan Manuel Santos (a la sazón ministro de Defensa) destituyeron a 27 militares –entre ellos a tres generales– porque por acción u omisión habrían tenido alguna responsabilidad en «falsos positivos».