El Tribunal Supremo de Justicia de La Paz condenó este martes con penas de tres a quince años a dos exministros y cinco exjefes militares del segundo mandato del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) acusados de tener responsabilidad en una masacre de decenas de civiles en octubre del 2003.
El presidente de tribunal que juzgó el caso, Ángel Irusta, leyó las condenas en la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial, tras seis días de debate con otros magistrados que definieron las penas contra los acusados del caso conocido como «octubre negro».
Los exministros de Desarrollo Sostenible Erik Reyes Villa y de Trabajo Adalberto Kuajara fueron condenados a tres años de prisión acusados de complicidad en el delito de «genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta».
Los generales Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años.
Todos los exjefes militares fueron sentenciados por el delito «de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta».
El tribunal determinó que todos cumplan su condena en el penal de Sucre, adonde fueron conducidos hoy tras la lectura de las sentenciaa.
El caso es conocido como «octubre negro» por haber estallado en ese mes de 2003 una revuelta en las ciudades de La Paz y El Alto que fue reprimida por militares, con el saldo de más de sesenta muertes.
Los disturbios estallaron por la oposición social a un proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos por puertos de Chile.
Aquellos sucesos llevaron a Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) a abandonar Bolivia y renunciar a la continuidad de su segundo mandato. Desde entonces reside en Estados Unidos.
La Fiscalía General, que pretendía una condena de 25 años de cárcel, gestiona hace tres años la extradición de Sánchez de Lozada y otros siete exministros que están asilados, refugiados o residen en Estados Unidos, Perú y España, pero los trámites no han prosperado.
El juicio para ellos quedó en suspenso hasta que se concreten los pedidos de extradición, pues la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.
El fiscal general, Mario Uribe, expresó su satisfacción porque consideró que «se ha hecho justicia con las 64 personas fallecidas y los más de 450 heridos».
«Es importante la sentencia para el Ministerio Público porque permite seguir trabajando para que el resto de los acusados se hagan presentes ante la justicia boliviana y sean procesados en juicio oral para la imposición de la pena respectiva», agregó.
En declaraciones a la radio estatal, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, Denis Racicot, destacó la conclusión del juicio y agregó que será importante «insistir en cuanto a la próxima etapa para que haya reparación para las víctimas de estos hechos trágicos». EFE