Siguen las bajas en el gobierno de Evo

LA PAZ. El viceministro de Gobierno de Bolivia, Marcos Farfán, a quien el titular de la cartera, Sacha Llorenti, responsabilizó de la violencia policial contra los indígenas, ha renunciado a su cargo hoy. La directoria de Migración, María René Quiroga, también dijo que dejaba el cargo en repudio al desalojo que dejó varios heridos. El presidente Evo Morales anunció el lunes por la noche la suspensión de una polémica carretera tras disturbios en los últimos días con indígenas de la amazonia que derivaron en violenta intervención policiaca, y negó que él haya ordenado tal represión y que en el desalojo se han producido muertos y desaparecidos, como acusa la oposición.

«Para que los departamentos decidan (la construcción), queda suspendido el proyecto de carretera del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y que sea el pueblo que decida especialmente los dos departamentos», indicó Morales desde La Paz en un mensaje.

El TIPNIS está en un área en que aún no se han definido los límites entre la región norteña de Beni y la central de Cochabamba.

Morales también expresó que no está de acuerdo con que la policía boliviana haya desbaratado por la fuerza una marcha de casi un millar de indígenas de la Amazonia que protestaban contra la construcción de la carretera.

«Lamentamos, repudiamos los excesos realizados ayer a la marcha, no comparto este exceso, un abuso hacia la marcha», agregó.

Por ello, el mandatario boliviano convocó a «organizar una comisión de alto nivel» que incluirá a organismos internacionales, el Defensor del Pueblo, entre otros, para realizar una «profunda» investigación.

La reestructuración del poder judicial

La decisión de suspender la construcción de la carretera no desactivó la crisis política, pero deja al mandatario en una débil posición en un momento crucial debido a la cercanía de la realización de unas inéditas elecciones para escoger jueces y magistrados.

El 16 de octubre, Bolivia realizará por primera vez y bajo lineamientos de la Constitución promovida por el actual gobierno, las elecciones de jueces y magistrados por voto popular y pondrán en juego la fortaleza de Morales ante una creciente campaña de la oposición que quiere convertir los comicios en un plebiscito sobre la gestión presidencial. Morales promueve la participación en los comicios del 16 y ha dicho que la elección será la solución a la ineficiente y corrupta administración judicial, pero la oposición le acusa de intentar controlarla como hicieron anteriores gobiernos.

Morales arrasó en cinco votaciones desde que fue elegido a finales de 2005, pero su popularidad cayó desde enero pasado tras un fallido aumento en el precio de los combustibles que desató duras protestas y le obligó a derogar la medida.

En septiembre su aprobación fue del 37%, la más baja desde febrero (32, y muy lejos del 70% con que inició su segundo mandato en 2010.

Rebelión en la selva

Hasta la tarde, del lunes, vecinos del pueblo amazónico de Rurrenabaque lograron frenar a la policía el lunes y liberar a centenares de indígenas detenidos cuando marchaban hacia La Paz para protestar por la construcción de una carretera en la selva. La represión policial llevó a la ministra de Defensa Cecilia Chacón a renunciar al cargo en desacuerdo con la acción contra los indígenas.

Según el gobierno, ante el hostigamiento de los pobladores y para evitar enfrentamientos, la policía liberó a los detenidos que habían sido capturados durante una fuerte represión policial el domingo. «Fueron pobladores e indígenas del lugar quienes lograron la libertad. Les agradezco que los hayan rescatado», dijo a radio Erbol Adolfo Chávez, líder de los indígenas que participaban de la marcha.
«Ante la arremetida de centenares de personas, la policía se replegó para evitar enfrentamientos», dijo poco después en una rueda de prensa en La Paz el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

La policía arrestó a centenares de indígenas armados con arcos y flechas en un violento operativo y los introdujo a autobuses para retornarlos a su lugar de origen, pero la caravana fue frenada por pobladores de una localidad vecina quienes prendieron fogatas en la ruta.

La policía se desvió del camino pero al llegar al aeropuerto de Rurrenabaque el lunes, donde se disponía a evacuar a los detenidos en aviones, se topó con los pobladores que habían tomado la pista de aterrizaje, según presenció un reportero de AP.

La ministra de Defensa al anunciar su renuncio afirmó: «Asumo esta decisión porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no puedo defender ni justificar la misma, en tanto existan otras alternativas en el marco del diálogo».

En la carta de renuncia dirigida al presidente Evo Morales apuntó: «¡No así! Acordamos con el pueblo hacer las cosas de otra manera».

Los indígenas emprendieron una caminata el 15 de agosto para protestar contra la carretera promovida por Morales que atravesará una rica reserva ecológica, pero su marcha se frenó cerca de esta localidad ante la presencia policial y el hostigamiento de un grupo de campesinos leales al mandatario que se parapetaron en la ruta para impedirles el paso.

Llorenti explicó que la policía «evacuó a los marchistas para garantizar su seguridad e integridad física» ante posibles choques con campesinos rivales.

Dijo, además, que la marcha «se tornó violenta» el sábado cuando el canciller David Choquehuanca fue obligado a romper un cerco policial y marchar con los indígenas. Si hubo abuso policial será investigado y sancionado, sostuvo.

Aseguró que según la policía no hubo fallecidos, desaparecidos ni niños extraviados, lo que contrasta con versiones de los indígenas que informaron de un niño fallecido y otros siete extraviados en el monte. Niños pequeños, mujeres y ancianos integraban la marcha.

La Conferencia Episcopal de Bolivia confirmó en un comunicado el lunes el fallecimiento de un niño, pero no dio más detalles mientras Morales lo puso en duda.

Morales ha defendido la construcción de la carretera de 300 kilómetros. Los indígenas se oponen a que la ruta atraviese el corazón del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para vincular los valles interandinos en el centro con la amazonia en el norte. La reserva es hogar de tres etnias y los nativos temen perder su hábitat si se construye la ruta. Sus líderes acusaron al mandatario de enarbolar un falso discurso de defensa de la Madre Tierra en foros internacionales.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) podría mediar en el conflicto entre los indígenas y el gobierno, dijo el lunes María Emma Mejía, secretaria ejecutiva de la organización continental.

«Si los presidentes y los cancilleres de nuestro organismo me lo piden, seguramente podríamos ir a Bolivia a realizar los contactos entre las partes», afirmó Mejía en conferencia de prensa tras una visita protocolar al Congreso paraguayo.

En tanto, el gobierno brasileño que otorgó un financiamiento para la construcción de la ruta, dijo el lunes en un comunicado que «recibió con preocupación» los disturbios y llamó a las partes a buscar un entendimiento sobre el trazado de la carretera.

«El gobierno brasileño confirma que su disposición de cooperar con Bolivia en el contexto de la obra se da en el entendimiento de que se trata de un proyecto de gran importancia para la integración de Bolivia y que atiende los parámetros relativos al impacto social y ambiental previstos en la legislación boliviana», señala el comunicado.

El gobierno boliviano acusó a la embajada de Estados Unidos, a grupos ambientalistas, a los opositores y a disidentes de alentar la protesta.

El domingo Morales anunció que llamará a una consulta a las dos regiones involucradas, Cochabamba y Beni, para definir la suerte de la ruta, pero analistas opinaron que el resultado podría favorecerlo ya que en Cochabamba están los cocaleros que lidera el propio mandatario y quienes se han mostrado a favor de la ruta.

Los indígenas del TIPNIS también rechazan la carretera porque temen una expansión de los cocales.

Con información de AP.

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