Los estudiantes chilenos realizan este miércoles una nueva movilización para exigir cambios profundos en la educación, mientras el gobierno condenó los desmanes de encapuchados en distintos puntos de Santiago.
El segundo día de movilizaciones convocado por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se traducirá en dos marchas que se unirán en un gran acto central a unas 12 cuadras del centro, donde se espera la presencia de los voceros universitarios que ayer concluyeron una gira por Europa.
Camilo Ballesteros, uno de los líderes de la Confech, criticó las acciones de violencia y dijo que ellas perjudican al movimiento estudiantil porque la discusión se centra en los desórdenes y no en los problemas educacionales.
Las marchas fueron autorizadas por la gobernadora regional, Cecilia Pérez.
En desórdenes cercanos a una sede universitaria, un carro lanza agua atropelló a un ciclista, que quedó con lesiones medianas.
El Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla dijo que en la noche del martes hubo acciones vandálicas en barrios pobres y que encapuchados intentaron quemar una sede bancaria y una gasolinera. Precisó que dos policías resultaron heridos con balines.
El gobierno calificó al primer día de movilizaciones del martes como «otra jornada de violencia y de destrucción». Hubo 263 detenidos en todo el país.
Pérez presentó el miércoles una querella contra quienes el martes quemaron un autobús del transporte público. Invocó la Ley de Seguridad del Estado, que en el artículo referido a daños a los servicios públicos contempla hasta 10 años de cárcel.
Los jóvenes llevan más de cinco meses movilizados en demanda de una educación gratuita y de calidad. El diálogo con el gobierno se interrumpió en la primera reunión porque no hubo acercamientos en torno a la gratuidad.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera rechaza la gratuidad en la educación porque afirma que los pobres subsidiarían a los ricos, mientras los estudiantes propician una reforma tributaria para financiarla.
El ministro de Educación Felipe Bulnes creó una comisión de expertos, mayoritariamente formada por economistas, para que recomiende medidas en torno a las becas y préstamos bancarios con que subsisten los estudiantes más pobres, por los cuales pagan un interés de 5,6%. Cuando concluyen sus carreras, arrastran una mochila de deudas por hasta 10 y 20 años. AP
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