La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este viernes la represión «deplorable» y «desproporcionada» de las protestas de estudiantes en Chile, que desde hace cinco meses reclaman reformas en el sistema educativo.
El relator sobre los derechos de la niñez, Paulo Sergio Coelho, declaró que «la manera con la que esas manifestaciones, en que había niños y adolescentes fueron reprimidas fue deplorables y lamentables», y hubo un «claro uso» de la fuerza «desproporcionada».
Durante una audiencia dedicada a «Derechos Humanos y Manifestaciones Públicas en Chile», dos representantes del Programa Asesoría Ciudadana del Instituto de Igualdad de Chile denunciaron 120 casos de abuso policial durante las manifestaciones.
Branislav Marelic, asesor de proyectos de la organización, denunció «graves violaciones de derechos humanos» y prácticas como el uso de gases lacrimógenos contra los manifestantes en espacios cerrados o dirigidos directamente al cuerpo, así como detenciones ilegales y arbitrarias sin cargo alguno.
Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los manifestantes, dijo, es que el Decreto 1086 emitido en 1983, «en pleno Gobierno de la dictadura de Pinochet», y que regula las manifestaciones públicas, «autoriza al Gobierno a prohibir manifestaciones y autoriza a los carabineros a disolverlas».
Los denunciantes indicaron que la autoridad política «criminaliza» la protesta estudiantil y señalaron que aunque son de una generación que no vivió la dictadura: «no nos interesa vivir en un país donde se apliquen las mismas leyes».
El secretario de comunicación de la organización, Italo Jaque Ribera, denunció además las «torturas» y «tratos vejatorios» a los que han sido sometidos jóvenes y menores durante su detención o el traslado a las comisarias en los furgones que son «tierra de nadie».
Lamentó que será la justicia militar la que investigue estos casos, «un sistema parcial que tiende a proteger al agresor, quien en último termino no será sancionado».
El relator Coelho enfatizó que «es hora que el Gobierno democrático de Chile piense en reformar una ley que es de la dictadura sobre el decreto que regula las manifestaciones, como fue hecho de manera muy bien desarrollada la ley antiterrorista» e insistió en la reducción de la jurisdicción de los tribunales militares «un mantra que esta comisión repite» para tratar casos que afectan a civiles.
Por su parte, el director de derechos humanos de la Cancillería de Chile, Miguel Ángel González, señaló que en su país no existe «absolutamente» ningún impedimento para que la gente se manifieste: «no hay problemas de libertad de expresión, sino de violencia».
González señaló que hay «ciertos grupos violentos» que se infiltran en las protestas, que «ni siquiera comparten sus ideas, que son los mismos que están en las marchas por el medio ambiente o en los partidos de fútbol» que ven en las marchas «un motivo para salir a la calle y producir destrozos».
El representante chileno aseguró que «no existe ninguna posibilidad» de que las fuerzas armadas actúen violentamente «por iniciativa propia» ya que está «claramente establecido» en los reglamentos que «no puede haber represión de un acto pacífico» y sólo puede haber intervención cuando se desatan actos de violencia.
Durante 2011 señaló que se autorizaron marchas que llegaron a movilizar a cerca de 2 millones de personas y se produjeron 13.000. detenciones frente a las 282.000 personas que se concentraron a lo largo de 2006, cuando se detuvo a 10.000 personas.
El mayor de Carabineros Heriberto Navarro señaló que los Carabineros dan «fiel cumplimiento de la norma legal vigente» y en los casos que se han dado abuso el personal fue sancionado.
En concreto, han recibido 35 denuncias relacionadas con las protestas y según dijo cinco casos ya se han resuelto, 2 fueron baja administrativa, uno sanción disciplinaria y los otros se desestimaron. El resto se encuentra en curso.
Los denunciantes pidieron a las autoridades chilenas que autoricen una visita de la CIDH para conocer la situación especial de los niños en el contexto de las manifestaciones, entrevistarse con ONGs y sociedad civil, adecuar la legislación interna a la convención interamericana, entre otros aspectos. EFE
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