Los estudiantes y profesores chilenos iniciaron este jueves una doble jornada de movilización con una marcha en Valparaíso, sede del Congreso, donde se discuten los presupuestos para 2012, con la intención de presionar para avanzar en su objetivo de lograr una educación pública gratuita.
Los manifestantes comenzaron a concentrarse alrededor de las 10h30 hora local (13h30 GMT) en la Plaza Sotomayor para dirigirse después hacia el Congreso Nacional, aunque Carabineros (Policía militarizada) cerró el perímetro para impedir que lleguen a la sede legislativa.
Los organizadores, que esperan reunir a unas 30.000 personas, anunciaron que un centenar de autobuses, unos ochenta de ellos procedentes de la capital, se iban a desplazar hoy hasta la ciudad de Valparaíso, a 125 kilómetros al noroeste de Santiago, con adherentes a la manifestación.
La marcha fue convocada por el Colegio de Profesores y por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal central sindical del país, y a ella se sumaron estudiantes universitarios y secundarios y asociaciones de padres.
«El foco de la convocatoria es protestar para que el Gobierno transparente el proyecto de ley sobre desmunicipalización. Queremos que este no se traduzca en más privatización», señaló hoy a los periodistas el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.
Esta es una de las principales demandas del movimiento estudiantil, que reclama que los colegios públicos y subvencionados, que desde 1981 están en manos de los municipios, vuelvan a ser administrados por el Gobierno central con el fin de lograr un mejor uso de los recursos.
Se espera que, al término de la manifestación, dirigentes del Colegio de Profesores y de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que agrupa a los universitarios, acudan al Congreso para sostener diversas reuniones con parlamentarios.
Tras esta marcha, todos los autobuses tomarán rumbo a Santiago, donde mañana se realizará una segunda manifestación.
Los jóvenes reclaman no solo un aumento de los recursos, sino una reforma completa del sistema vigente desde 1981, que redujo la aportación del Estado a la educación y encareció el coste para los alumnos, obligados a endeudarse para financiar sus estudios. EFE
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