La «preocupante» situación de Honduras, las «agresiones» en México y el «autoritarismo» que aún persiste en algunos países de la región, centraron los debates de una reunión de activistas de Derechos Humanos de América Latina que concluye este martes en Buenos Aires con un llamado a combatir la impunidad.
Durante el Encuentro de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de América Latina, que comenzó ayer en la Universidad de Buenos Aires, la mayor de Argentina, activistas y expertos en temas humanitarios de 14 países intercambiaron experiencias y analizaron estrategias frente a la represión y las amenazas regionales.
«No existe duda de que Honduras es uno de los países de mayor preocupación. Si bien es una preocupación histórica, a raíz del golpe de Estado (de 2009) se agravó muchísimo», afirmó el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.
La directora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Cofadeh) en Honduras, Bertha Oliva, indicó que su país atraviesa «los peores momentos» y «la lucha no es fácil porque el Estado ha apostado a decirle al mundo que retornó a la normalidad, y así alejan los reflectores».
Oliva participó en la delegación que en noviembre viajó a Ecuador, la única nación que se opuso a la vuelta de Honduras a la OEA tras el golpe de Estado de junio de 2009, para denunciar ante el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, 15 casos de desapariciones forzadas en su país, algunos con presunta participación de la policía, entre otros abusos.
«Hoy América Latina cuenta con democracias en procesos de fortalecimiento y el autoritarismo aún no ha sido extinguido del todo, como vimos en Honduras», opinó Gastón Chillier, secretario ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (CELS), organizadora del encuentro.
La situación en la región «no es buena, hay casos muy graves en ciertos países. Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales aún siguen vigentes», aunque «hay una conciencia mayor para organizarse y buscar soluciones», añadió Cantón.
«Es importante que los defensores de DD.HH. se unan frente a las violaciones de las que son víctimas. Hay defensores muertos, amenazas constantes, no se les permite hacer su trabajo, se les niega el acceso a fondos», enfatizó.
Para Cantón, en Colombia también «hay situaciones que son complejas en muchos aspectos, igual que en Venezuela y en Cuba», mientras que otros países registran avances en los juicios contra violadores de los derechos humanos durante las dictaduras militares, como Argentina, Brasil, Uruguay y Chile.
«Argentina es un referente en los juicios contra violadores de derechos humanos», pero «en El Salvador, por ejemplo, cuesta mucho, no se puede avanzar», insistió Cantón.
Venezuela afronta «una situación compleja, con una sociedad muy polarizada y enfrentamientos de algunas organizaciones con las autoridades», describió Pablo Eugenio Fernández Blanco, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz de Venezuela.
El activista venezolano se refirió además al «colapso» que enfrentó el sistema policial «corrompido y represivo» de su país, lo que motivó a una reciente reforma «con participación de ONG’s».
Andrea Medina Rosas, de la Iniciativa de Defensoras de México, también advirtió sobre la existencia de «una agresión sistemática a los defensores de derechos humanos» en su país «a través de las campañas de seguridad pública y la militarización».
«Es importante que la comunidad internacional entienda la situación de México», señaló la activista, que suscribió la demanda presentada ante la Corte Penal Internacional contra el presidente mexicano, Felipe Calderón, por «crímenes de guerra y de lesa humanidad», por las 50.000 víctimas de la lucha contra el narcotráfico.
Los expertos identificaron también la falta de libertad de expresión como uno de los problemas de la región e insistieron en la necesidad de proteger los derechos indígenas, el respeto de sus culturas y el reconocimiento de sus territorios. EFE