La Fiscalía General de Venezuela informó este miércoles que ha solicitado la prórroga de la medida de prisión preventiva dictada contra la jueza María Lourdes Afiuni por dos años más, antes de que el día 13 venza el lapso para ser procesada.
Detenida desde 2009 por la supuesta liberación irregular de un empresario por el que el presidente Hugo Chávez pidió la «pena máxima», Afiuni se ha negado a comparecer ante el magistrado de la causa, ya que considera que no es imparcial, por lo que el juicio no ha comenzado en fase de vista oral y está paralizado desde fines de marzo.
«Las audiencias de este caso no se han podido llevar adelante siempre por motivos o por causas imputables a la defensa de la ciudadana o de sus defensores», argumentó hoy la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, en declaraciones recogidas por medios locales.
Ortega señaló que la suspensión de las sesiones del juicio no se ha debido a la Fiscalía o a los jueces, por lo que pidió una prórroga de la medida preventiva.
El próximo día 13 finaliza el lapso de dos años, establecido por el código procesal, para haber recibido una sentencia condenatoria o absolutoria y, de este modo, en ese momento debería declararse una prórroga o dar la libertad a la acusada.
Uno de los miembros del equipo legal de Afiuni, la abogada Thelma Fernández, dijo que la defensa no descarta tomar acciones previas a la audiencia de este viernes, donde está previsto el examen de la solicitud del Ministerio Público, así como presentar recursos contra la decisión más adelante.
«No entendemos por qué tanto ensañamiento con una mujer, una juez que lo único que hizo fue cumplir con su trabajo de dictar una decisión de manera autónoma, ajustada al derecho», señaló Fernández.
En opinión de la abogada, esta petición de prórroga de prisión preventiva demuestra el «interés que tiene el Ejecutivo Nacional» en este caso, que ha sido denunciado por varias organizaciones no gubernamentales.
Afiuni está detenida desde diciembre de 2009 por poner en libertad y, con ello, presuntamente facilitar la fuga del país del empresario Eligio Cedeño, detenido en 2007 bajo la acusación de efectuar operaciones cambiarias ilegales.
En un mensaje televisado, Chávez dijo que la liberación de Cedeño fue planificada entre los abogados del empresario, la jueza, secretarias y alguaciles del tribunal con una citación a una audiencia sin la presencia del fiscal del caso en la que se le puso en libertad para que saliera por una puerta secundaria del tribunal.
«Habrá que meterle la pena máxima a esta jueza y a los que hagan lo mismo. ¡Treinta años de prisión pido yo!», dijo Chávez durante un acto en la que llamó «bandida» a la magistrada, realizado poco después de que Cedeño quedara en libertad.
Organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) han solicitado a las autoridades venezolanas la liberación de Afiuni alegando que en este caso hay una «indebida interferencia política por parte del Ejecutivo». EFE