CARACAS (AP) — La corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) informó que sólo le pagará a Exxon Mobil 255 millones de dólares en dos meses en compensación por la nacionalización de sus activos realizada en el 2007, lo que está muy por debajo de la suma que estaba reclamando inicialmente la firma estadounidense.
PDVSA indicó el lunes en un comunicado que de los 907 millones de dólares que la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) determinó que la estatal petrolera debía pagarle la Exxon Mobil, se descontarán 652 millones de dólares por obligaciones pendientes por préstamos y sumas congeladas como parte del litigio.
La empresa precisó que del monto a compensar descontará 191 millones de dólares que la firma estadounidense «debe a PDVSA por la cancelación que esta hizo del saldo pendiente de bonos por préstamos para el financiamiento del proyecto Cerro Negro»; 300 millones de dólares que Exxon Mobil «solicitó congelar en cuentas de PDVSA en Nueva York durante las acciones legales», y 160 millones de dólares de «reconversiones que el tribunal ICC acredita a PDVSA».
La estatal petrolera consideró como una «defensa exitosa» la decisión de la ICC, y aseguró que la compensación es «consistente con lo que ha declarado públicamente desde el principio, es decir, que las demandas de Exxon Mobil eran muy exageradas».
«Si Exxon Mobil hubiese estado dispuesta a aceptar una compensación razonable, que el tribunal arbitral ha confirmado, no hubiese sido necesario un arbitraje», agrega.
Aunque la corporación estadounidense no ha hecho ningún comentario público sobre lo que aspiraba lograr, hasta el momento no ha manifestado objeciones al plan de pago siempre que Venezuela cumpla con sus obligaciones.
El vocero de Exxon Mobil Patrick McGinn dijo el lunes en un correo electrónico que «746,9 millones de dólares» de la compensación corresponden a una combinación de aproximadamente 305 millones de dólares en fondos de PDVSA que ya se mantienen para ese propósito en tribunales de Nueva York, las cancelaciones que hizo PDVSA del saldo pendiente de bonos por préstamos de un proyecto petrolero y otros pagos adicionales.
Exxon Mobil había reclamado inicialmente a PDVSA unos 12.000 millones de dólares en compensación por sus activos, lo que ha llevado a algunos analistas a considerar que con el fallo de la ICC la firma estadounidense salió desfavorecida.
Rafael Quiróz, profesor de petróleo de la Universidad Central de Venezuela, dijo a la AP que PDVSA se anotó un «éxito» porque el monto acordado por ICC está muy por debajo de la exigencia inicial de Exxon Mobil, y de los 5.000 millones de dólares que «PDVSA quería transar» con la compañía estadounidense.
«Eso (la decisión) lo que demuestra es que Exxon no tenía bien definida en forma bien desglosada todo lo que estaba cobrando», agregó Quiróz.
Analistas manifestaron que para Exxon Mobil es un «logro» recuperar «por lo menos algo» de la suma que estaba reclamando.
Como parte del proceso de litigio que mantiene Exxon Mobil contra PDVSA aun está pendiente de decisión la acción que emprendió la firma estadounidense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI).
PDVSA indicó al respecto que «si Exxon Mobil continúa con este segundo arbitraje y sus esfuerzos por conseguir una compensación exorbitante por las nacionalización, la República Bolivariana de Venezuela dará todos los pasos necesarios para defenderse».
McGinn informó en la víspera que el organismo de arbitraje internacional determinó que PDVSA «tiene una responsabilidad contractual» con la corporación estadounidense, y que el monto de la compensación es de 907,588 millones de dólares.
«La disputa no es sobre el poder de Venezuela de expropiar los activos, sino más bien por el fracaso de PDVSA para cumplir con las disposiciones contractuales para compensar a Exxon Mobil», destacó el vocero.
Exxon Mobil, con sede en Irving, Texas, acudió a instancias internacionales buscando la compensación por sus activos que fueron nacionalizados en 2007 en la faja oriental del Orinoco, y para demandar a Venezuela por los aumentos de regalías –impuesto de extracción– y otros tributos que comenzó a aplicar el gobierno a partir del 2004.
La gigante estadounidense emprendió a finales de 2007 acciones legales contra PDVSA y acudió a tribunales de Inglaterra, Holanda y Estados Unidos. Las medidas de Exxon Mobil fueron consideradas por el gobierno venezolano como «terrorismo judicial».
En 2008, Exxon Mobil sufrió un revés judicial cuando un tribunal de Londres desestimó la solicitud de congelación de bienes por 12.000 millones de dólares de PDVSA.
Por el proceso de nacionalización de la Faja del Orinoco resultaron afectadas también las empresas estadounidenses Conoco Phillips y ChevronTexaco; la francesa Total, British Petroleum y la noruega Statoil.
De ese grupo sólo Exxon Mobil y Conoco Phillips iniciaron reclamos contra PDVSA.
PDVSA dijo en su informe financiero del 2011 que había reservado unos 1.513 millones de dólares para enfrentar litigios y decisiones en tribunales.
El Estado venezolano enfrenta más de una docena de casos de arbitraje con empresas que demandan miles de millones de dólares en concepto de indemnización por las nacionalizaciones realizadas en los últimos seis años.
Algunas corporaciones internacionales como Gold Reserve, Cristallex, Vanessa Ventures, Owen Illinois y Koch Industries, mantienen procesos judiciales pendientes contra Venezuela.
Los casos de las cementeras Holcim de Suiza y la mexicana Cemex, que emprendieron acciones contra Venezuela ante la CIADI, se resolvieron tras un acuerdo de pago entre las partes.