El juez encargado del proceso contra el expresidente egipcio Hosni Mubarak aplazó este martes el juicio hasta el próximo 17 de enero, en una sesión en la que los abogados de la acusación pidieron la pena de muerte para los procesados porque sostienen que el asesinato de manifestantes fue premeditado.
Mubarak, de 83 años, está siendo procesado junto al exministro del Interior Habib Al Adli y seis de sus ayudantes por su presunta implicación en la muerte de cientos de manifestantes que salieron a las calles desde el 25 de enero de 2011 para pedir su renuncia, la cual se materializó el 11 de febrero.
Uno de los abogados de las víctimas, Ashraf Atwa, explicó que los abogados aseguraron que Mubarak «estaba al corriente de los crímenes cometidos en las plazas de Egipto y no tomó ninguna medida para frenarlos».
En este sentido, los representantes de las víctimas argumentaron que era conocido dónde se congregaban los manifestantes y sus motivos, por lo que los crímenes perpetrados contra ellos «no fueron una casualidad sino premeditados», según dijo Atwa.
Los abogados también hicieron referencia al testimonio del exministro del Interior Mansur Esawi, nombrado tras la revolución del 25 de enero de 2011, quien afirmó que la orden de disparar contra los manifestantes tenía que ser tomada por el presidente del país y supervisada por el titular de ese ministerio.
En la vista, la última para escuchar a los abogados de las víctimas, también se denunció que se proporcionó a los policías armas de fuego para atacar a los manifestantes y se instaló a francotiradores en los tejados de los edificios próximos a plazas como la cairota de Tahrir.
Las fuerzas de seguridad dispararon a los manifestantes en zonas vitales del cuerpo con la intención de causarles las muerte y, asimismo, algunos de sus miembros se vistieron de civil para infiltrarse entre los participantes en las protestas y agredirlos, de acuerdo con el testimonio de los letrados de la acusación.
Todo ello implica a Mubarak y Al Adli y requiere, según Atwa, que se aplique la pena de muerte a los acusados, como ya pidió la Fiscalía egipcia la semana pasada.
Además de este caso, el expresidente es juzgado por un presunto delito de corrupción, por el que también son procesados sus hijos, Gamal y Alaa, y el empresario egipcio Husein Salem, detenido en España.
En cuanto a Gamal, los abogados de las víctimas solicitaron que sea incluido en el proceso por el asesinato de manifestantes y exigieron que se recuperen unas 75 toneladas de oro que el hijo menor de Mubarak envió al extranjero.
En este juicio, bautizado en Egipto como «el proceso del siglo», está previsto que hasta el 16 de febrero se escuche a los letrados de la defensa, como paso previo a dictar sentencia. EFE
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