BOGOTA (AP) — La Procuraduría General acusó a nueve militares, entre ellos un teniente coronel en retiro, por el asesinato a mediados de 2008 de un civil al que mentirosamente reportaron como un guerrillero muerto en combate, informó este jueves el abogado de la víctima.
La decisión de la Procuraduría recayó en el teniente coronel retirado Álvaro Tamayo Hoyos, el sargento Orlando Burgos y siete soldados profesionales que con el asesinato de Ismael Quintero Díaz habrían incurrido en un delito de lesa humanidad, explicó en un comunicado Jorge Molano, abogado de los familiares de la víctima.
En Colombia la Procuraduría investiga disciplinariamente a los funcionarios públicos y sus sanciones puedan llegar hasta la destitución y la prohibición de ocupar cargos por varios años. En la parte penal, los casos corren por cuenta de la Fiscalía General.
En julio de 2008 en una zona rural del municipio de Bucarasica, en el departamento de Norte de Santander a 400 kilómetros al noreste de Bogotá, un hombre abordó a Quintero «con falsas promesas de trabajo y posteriormente lo entregó a los militares» para que lo asesinaran, según el abogado.
El cadáver de Quintero apareció en mayo de 2009 en la morgue del municipio de Ocaña, otra localidad de Norte de Santander, descrito por los militares como un integrante del frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) muerto en combate.
Sin embargo, «las pruebas recolectadas durante la investigación disciplinaria le permitieron a la Procuraduría llegar a la conclusión de que la víctima no pertenecía a ningún grupo armado al margen de la ley», agregó Molano en el comunicado enviado a los medios de comunicación.
«Por lo tanto –para la Procuraduría– la conducta de los militares acusados constituye un crimen de lesa humanidad«, agregó.
Tamayo también está vinculado penalmente con el asesinato en marzo de 2008 de Julián Oviedo Monroy, un hombre de Soacha –una barriada del sur de Bogotá– que fue engañado con falsas promesas de trabajo y cuyo cuerpo sin vida apareció meses después en el noreste del país.
Otros 10 hombres de Soacha corrieron la misma suerte de Oviedo.
Incluido Tamayo, 54 militares están vinculados al caso de los 11 muertos de Soacha.
Tamayo actualmente goza de libertad provisional hasta tanto se emita sentencia sobre el caso de Oviedo.
La denuncia de los asesinatos de los hombres de Soacha, surgida en medios locales a fines de 2008, desembocó en uno de los mayores escándalos de las fuerzas armadas colombianas: el reclutamiento forzado de civiles y su posterior asesinato para presentarlos como bajas en enfrentamientos y así mostrar resultados en la lucha contra los grupos armados irregulares, según la Fiscalía.
Desde fines de 2008, la Fiscalía ha recibido denuncias de que más de 2.700 personas habrían sido víctimas de esta práctica que es conocida en Colombia como «falsos positivos». Según datos de la Fiscalía, hasta inicios de 2010 –las cifras oficiales más recientes– 368 militares habían sido condenados por casos de ejecuciones y por lo menos otros 700 uniformados están vinculados a procesos penales.