El Gobierno de México rechazó este lunes un informe de Human Rights Watch (HRW) en el que se critica el modo de combatir al crimen organizado aplicado desde 2006 en este país, declaró su respeto «irrestricto» a los derechos humanos y negó que las fuerzas de seguridad gocen de impunidad.
La Secretaría de Gobernación (Interior) «reitera su respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas y confirma su intención de continuar en la lucha contra el crimen organizado a fin de salvaguardar la integridad de la sociedad», señala un comunicado oficial.
La ONG estadounidense presentó el domingo en El Cairo (Egipto) un informe mundial en el que en relación a México se señala que las fuerzas de seguridad han cometido violaciones de los derechos humanos y que los militares gozan de impunidad en esos casos.
En su respuesta a HRW, el Gobierno mexicano dijo hoy que sus acciones se han desarrollado todos estos años «en estricto apoyo a la estructura de seguridad pública» en zonas de México donde hay peligro para la población.
«El actuar del personal es apegado a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, anteponiendo de manera permanente la seguridad e integridad de la población», señaló el comunicado.
La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ha estado «fortaleciendo la transparencia y apertura de los cuerpos armados para informar de manera detallada y fidedigna» sobre el cumplimiento de las misiones asignadas, agrega.
Sobre la supuesta impunidad de los militares en México, el Gobierno sostiene que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un organismo público autónomo con funciones de Defensor del Pueblo, recibió 6.065 quejas contra militares, de las cuales solo un 1,61 % de ellas concluyó en una recomendación a la institución militar.
Se iniciaron acciones legales de distinto tipo contra 266 militares, que concluyeron en condena para 29 de ellos, agrega el Gobierno.
En el caso de la Armada mexicana, hubo 663 quejas por presuntas violaciones de los derechos humanos de las cuales 339 concluyeron (51,1 %) y derivaron en once recomendaciones, que representaron el 0,0073 % del total.
En esos casos fueron procesados «ocho elementos de la institución, y dos más están en proceso», agrega Gobernación.
Finalmente el Gobierno mexicano refiere algunas de las iniciativas del Ejecutivo para proteger los derechos fundamentales de activistas, periodistas, y para impulsar la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar para que «los delitos de violación, desaparición forzada» y «tortura» sean juzgados siempre en tribunales civiles, algo que no ha sucedido hasta ahora.
Con motivo de la publicación del informe, la directora de comunicación de HRW, Emma Daly, dijo este domingo a Efe que la organización tiene «datos que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y que no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia».
La representante de la ONG sostuvo que «existe una impunidad absoluta en México para los militares», quienes, con el sistema de justicia militar, nunca son juzgados, lo que fomenta que continúen «los abusos porque no hay modo de pararlos».
La ONG indicó también que los esfuerzos de las autoridades mexicanas para combatir el crimen organizado han desembocado en un significativo aumento de los asesinatos, la tortura y otros abusos de las fuerzas de seguridad.
Además apunta a que, en general, el sistema judicial mexicano «fracasa en hacer justicia a estas víctimas de crímenes violentos o violaciones de derechos humanos». EFE