Los líderes de dos de los partidos que respaldan al gobierno de coalición griego pidieron el sábado a sus legisladores que aprueben un proyecto de ley con nuevas medidas de austeridad — requisito esencial para que el país reciba un segundo plan de rescate de 130.000 millones de euros (171.600 millones de dólares) y evite con ello la bancarrota.
El debate sobre la legislación de emergencia para otorgar el segundo plan de rescate y un canje de bonos soberanos griegos que supondrá a los acreedores privados una pérdida del 70% comenzará en comité el sábado por la tarde. Una sesión plenaria debatirá y votará el plan el domingo.
Además, una legislación adicional detallando las demandas demandadas y pactadas con los acreedores públicos de Grecia, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, será sometida a votación dentro de unos días, aunque la fecha no ha sido precisada.
Ambos líderes — el socialista George Papandreou y el conservador Antonis Samaras — dijeron a sus respectivos grupos parlamentarios que no hay otra alternativa que aprobar el proyecto de ley, a no ser que deseen la bancarrota de Grecia.
«Si no nos atrevemos hoy, viviremos una catástrofe», advirtió Papandreou.
«Este (rescate) dará al país la oportunidad y el tiempo necesario para recuperarse», dijo Samaras.
Los legisladores se muestran renuentes a aprobar la medida, que incluye la reducción de salarios y pensiones con la posibilidad de continuar esa tónica, así como el despido de miles de funcionarios civiles. Las exigencias de la UE y el FMI hicieron que uno de los partidos de la coalición — el derechista Partido Popular Ortodoxo — abandonara el gobierno y retirara sus cuatro miembros del gabinete. Otros dos viceministros — ambos socialistas — también dimitieron en desacuerdo con las medidas de austeridad.
Tanto Papandreou como Samaras pidieron el voto afirmativo, y Samaras amenazó con expulsar a los que se opongan.
Samaras se opuso al primer plan de rescate de 110.000 millones de euros negociado por Papandreou como primer ministro en mayo del 2010, por considerar que empeoraría la crisis y la recesión. AP