LIMA (AP) — El gobierno envió a 1.500 efectivos policiales y militares en busca de los rebeldes que mantienen secuestrados desde hace tres días a 43 trabajadores de dos empresas contratistas del sector gasífero, en tanto, el ministro de Justicia rechazó cualquier tipo de negociación con los captores que exigen un rescate de 10 millones de dólares.
«El gobierno no negocia con terroristas, el gobierno actúa en el marco de la ley«, declaró el ministro Juan Jiménez el jueves en una entrevista con el canal Panamericana Televisión.
El Ministerio de Defensa informó mediante un comunicado anoche que las fuerzas armadas han desplegado 1.500 efectivos «quienes han acordonado la zona con el objetivo de aislar a los delincuentes narcoterroristas».
«Se está haciendo una labor que es comandada por el Ministerio del Interior, una labor del Ministerio de Defensa, una labor de seguridad en la zona para poder rescatar con vida a estas personas», sostuvo Jiménez.
El lunes en la madrugada un grupo de unos 70 rebeldes ingresó en el poblado de Kepashiato en la zona de Echarate en la selva, a unos 500 kilómetros al este de Lima, y tomó como rehenes a trabajadores de la empresa Skanska, contratista del consorcio operador del proyecto de gas de Camisea; otros obreros de la empresa Construcciones Modulares, y a una enfermera y una médica, las únicas que fueron liberadas pocas horas después.
El gobierno declaró el estado de emergencia en Echarate por 60 días, el que empezó a regir desde el miércoles. El estado de emergencia supone la suspensión de los derechos ciudadanos como libertad de reunión y de tránsito y que las fuerzas armadas asumen el control del orden interno.
Se informó que el ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, tenía previsto viajar hoy a la zona para seguir de cerca las operaciones de búsqueda de los rebeldes y los rehenes.
Mientras tanto, Edvard Lind, vocero de Skanska en Suecia, dijo a The Associated Press que no tenían ninguna nueva información respecto de los trabajadores secuestrados de la compañía, que dijo son 29.
«No hay mucho que pueda decir por su seguridad. Estamos cooperando con nuestro cliente (el consorcio operador de Camisea) y con las autoridades allá», dijo.
Rosalío Sánchez, alcalde de Kepashiato, señaló a la AP que los pobladores están muy temerosos de que los rebeldes puedan regresar ya que, dijo, actualmente no hay presencia militar ni policial en el poblado.
«Mi población está preocupada porque pueden regresar en cualquier momento, no hay protección«, dijo Sánchez vía telefónica.
Kepashiato se ubica en una zona distante cuatro horas de la región del Valle del Río Apurímac y Ene, donde operan bandas remanentes de Sendero Luminoso en alianza con narcotraficantes locales a los que brindan seguridad a cambio de dinero. Las autoridades han acuñado el término de «narcoterroristas» para referirse a ellos.
Sendero Luminoso, el grupo rebelde maoísta que asoló Perú en la década de los 80 pero que fue neutralizado en los 90 con la captura de su máximo líder y fundador Abimael Guzmán, no suele cometer secuestros para exigir rescates.
El único antecedente de un secuestro masivo por parte de senderistas se produjo en 2003, cuando retuvieron a 71 trabajadores de la empresa argentina Techint, que trabajaba en el tendido de un gasoducto en Camisea. Los trabajadores fueron liberados dos días después aparentemente por el despliegue y movilización de las fuerzas armadas. El gobierno dijo entonces que no se pagó un rescate.