Santiago de Chile, (EFE).- El homenaje a Augusto Pinochet programado para este domingo en Santiago revela el apoyo que un grupo social minoritario pero significativo e influyente sigue prestando en Chile a la dictadura, cuyos crímenes minimizan en pro de una arquitectura institucional y económica que sigue vigente.
Justo cuando se cumplen cinco años y medio de la muerte del dictador, bajo cuyo mandato (1973-1990) murieron 3.200 personas y 38.000 sufrieron tortura o prisión política, dos organizaciones poco conocidas que reúnen a sus fieles han convocado este acto en un teatro de la capital.
«Es el único caso de dictaduras de largo alcance que han cometido crímenes atroces en que hay un porcentaje de la población, minoritario sin duda, pero significativo, que apoya y que se siente interpretada por lo que fue eso», señala a Efe el sociólogo Manuel Antonio Garretón.
La iniciativa ha recibido el repudio de parlamentarios, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), cuyos miembros aún esperan encontrar los restos de un millar de víctimas a los que poder dar sepultura.
Esta organización presentó un recurso de protección para impedir el homenaje, pero la Justicia lo rechazó y dio luz verde a su celebración, aunque la AFDD ya ha anunciado una «funa» (protesta pacífica de rechazo) a las puertas del teatro para alterar la tranquilidad de quienes asistan al acto.
En tanto, el Gobierno, el primero de derecha tras el retorno a la democracia en 1990, señala que no apoya estas iniciativas, pero que los organizadores tienen «el legítimo derecho» a expresar sus opiniones.
Si bien el presidente, Sebastián Piñera, votó en 1988 contra la continuidad de Pinochet en el poder, su coalición agrupa a muchos políticos que entonces estuvieron al lado del dictador y que aún hoy son condescendientes con él.
Para la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, la existencia de estos grupos se debe en primer lugar a que en Chile «la transición, basada en la política de los consensos, no ha definido desde el Estado políticas de derechos humanos que generen conciencia del ‘nunca más'».
A falta de encuestas sobre la materia, Garretón cree que los partidarios de Pinochet representan «un porcentaje duro de entre el 10 y el 20 por ciento (de la población total)», lo que, añade, «es enormemente alto y prueba que éste es un país enfermo aún».
Tal como señala Garretón, en Chile «un sector significativo de la población considera que estuvo bien matar gente y que habría que volver a matarlos, y que aquellos que lucharon contra la dictadura son del mismo nivel que aquellos que mataron en nombre del Estado». EFE
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