El Gobierno de México promulgó hoy dos decretos para brindar «atención inmediata» y mejorar así la protección a los periodistas y a defensores de derechos humanos en el país, en contra de los cuales se ha intensificado la violencia en los últimos años.
«No podemos permitir que quienes se dedican a estas actividades indispensables para la sociedad sean presa del miedo o de la violencia», dijo el presidente de México, Felipe Calderón, en una ceremonia celebrada en la residencia de Los Pinos.
En el acto estuvieron representantes de varias ONG y de los periodistas, del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos y de diversas instituciones de México relacionadas con la seguridad pública y la administración de justicia.
Uno de los decretos establece la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por la cual los Gobiernos federal y estatales eliminan «la división de competencias» respecto a personas que sean «víctimas de amenaza o de persecución», detalló Calderón.
Además, se crea un fondo para apoyar a personas que requieran protección y un mecanismo que contará con una Junta de Gobierno, de nueve miembros, cuatro de ellos de la sociedad civil, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional.
La ley glosa las medidas preventivas y de protección que se podrán poner en marcha «para reducir la exposición al riesgo de periodistas y activistas», entre ellas algunas urgentes que se tomarán en un plazo de tres horas una vez que se conoce una amenaza.
El segundo decreto promulgado valida la reforma al artículo 73 de la Constitución mexicana, que quita a las fiscalías estatales las facultades para investigar los delitos contra la prensa y otorga al Gobierno federal la obligación de garantizar los derechos de los periodistas.
«El periodismo ha sido pieza clave en la construcción del régimen de libertades que hoy disfrutamos en México y que hay en buena parte del mundo», recordó Calderón al destacar que no se puede tolerar que la inseguridad orille a activistas y comunicadores «a optar por la autocensura o la pasividad».
«Sin embargo, hay que reconocer con tristeza que el esfuerzo de comunicadores y activistas se ha visto trastocado por el ataque, la intimidación, las amenazas y, finalmente, los crímenes que sobre ellos ejercen las bandas delincuenciales», añadió.
«No están solos. Tengo la convicción y la voluntad de seguir trabajando hasta el último día de mi Gobierno para llevar ante la justicia a quienes pretendan, mediante la agresión, la intimidación o la violencia, cancelar las libertades ciudadanas«, insistió.
Desde el año 2000 en México han sido asesinados al menos 82 comunicadores y trabajadores de medios de comunicación en acciones violentas, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un organismo con funciones de Oficina del Defensor del Pueblo.
El agravante de esa situación es que la inmensa mayoría de esos crímenes siguen en la impunidad, en muchas ocasiones por conflictos de competencias en los casos entre las autoridades federales y las de los estados, que han sido hasta ahora los que eran competentes para investigarlos. EFE