BRASILIA (AP) — La presidenta Dilma Rousseff promulgó una ley que endurece el combate al lavado de dinero mediante un incremento en las multas aplicadas y la ampliación de los crímenes financieros tipificados como lavado.
La disposición, que completó su proceso legislativo en junio, fue publicada este martes en el Diario Oficial da Uniao (la gaceta oficial) y entró inmediatamente en vigor para sustituir una ley vigente desde 1998.
Una de las innovaciones de la nueva ley –que estuvo en discusión durante nueve años– es la ampliación de las acciones que pueden conducir al lavado de dinero. Según la vieja norma, se incurría en lavado únicamente cuando el dinero provenía de delitos previamente establecidos como tráfico de drogas, contrabando de armas, terrorismo y extorsión. Bajo la nueva ley, cualquier persona que intente ocultar dinero obtenido ilegalmente podrá ser procesado y sancionado, incluyendo cualquier transacción que se realice al margen de la ley, como la comercialización de bienes en el exterior.
La legislación nueva prevé un incremento de la multa por lavado a un tope de 10 millones de dólares, desde el máximo de 100.000 dólares en la ley anterior, aunque mantiene las sanciones de cárcel en el mismo nivel de 3 a 10 años.
La normativa anterior únicamente permitía a las autoridades confiscar los bienes a nombre de la persona acusada de lavado, mientras que la nueva ley admite también la incautación de bienes registrados a nombre de terceros cuando hay indicios de que fueron transferidos con el fin de ocultarlos.
Sin embargo, la ley revoca una disposición de la legislación anterior que prohibía la concesión de fianza o libertad provisional a los acusados de lavado.
Cifras oficiales indican que cada año se lavan en Brasil entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, aunque actualmente no hay ninguna persona presa en el país por ese delito, según el Ministerio de Justicia.
«El lavado de dinero es una de las estratagemas más maléficas y eficaces para estimular la expansión del crimen organizado», comentó el senador oficialista Antonio Carlos Valadares, relator del proyecto en la cámara alta. «La reforma en la legislación es un gran paso para modernizar el combate al lavado de dinero, haciéndolo más riguroso y eficaz», dijo.
No obstante, el jurista Fausto de Sanctis criticó que la nueva legislación deja algunas brechas que dificultan el combate a este tipo de crimen.
«En la lista de personas que están obligadas a reportar operaciones sospechosas quedaron fuera las asesorías, como los contadores y abogados que dan orientación a alguien que quiere esconder un patrimonio ilícito. En estos casos, el profesional debería ser obligado a informar de las operaciones sospechosas», consideró De Sanctis.
También calificó como deficiencia la figura del delator premiado, que permite reducir las sanciones a una persona involucrada en lavado de dinero si denuncia la operación a las autoridades. A juicio de De Sanctis, tal disposición amarra de manos al juez, que se ve obligado a acatar lo que negocie la fiscalía con la defensa del delator.