La situación de derechos humanos y libertad de expresión en Venezuela ha empeorado desde 2008, gracias a una serie de medidas que han contribuido a la «concentración y abuso de poder» del Gobierno del presidente Hugo Chávez, advirtió este martes en un informe la organización Human Rights Watch (HRW).
«La acumulación de poder en el Ejecutivo, la eliminación de las salvaguardas institucionales y la erosión de las garantías de los derechos humanos han dado al Gobierno de Chávez carta blanca para intimidar, censurar y procesar a venezolanos que critican al presidente o frustran su agenda política«, dijo HRW.
A menos de tres meses de los comicios presidenciales en Venezuela el próximo 7 de octubre, el informe de HRW, titulado «Tightening the Grip: Concentration and Abuse of Power in Chávez’s Venezuela», presenta un panorama aun más sombrío respecto al informe «Una década bajo Chávez», de 2008.
Si ese año HRW documentó cómo Chávez «desperdició una oportunidad histórica» para fortalecer la democracia y los derechos humanos, ahora el grupo advirtió que, desde 2008, «la situación de derechos humanos en Venezuela se ha vuelto aún más precaria».
La Asamblea Nacional, de mayoría chavista, ha ampliado mediante la vía legislativa los poderes de Venezuela para «limitar la libre expresión y castigar a sus críticos», dijo.
Mientras, el Tribunal Supremo, repoblado en diciembre de 2010 con partidarios de Chávez, ha rechazado «explícitamente» el concepto de la separación de poderes y la independencia jurídica y se ha volcado a promover la agenda política del mandatario, afirmó.
El Tribunal Supremo, continuó, se ha sumado a Chávez al rechazar la autoridad del sistema interamericano de derechos humanos y, en repetidas ocasiones, sus fallos han «validado el desprecio del Gobierno hacia las normas internacionales de los derechos humanos».
El caso de la jueza María Lourdes Afiuni -bajo arresto domiciliario desde febrero de 2011, a la espera de un juicio- es «el ejemplo más alarmante de la falta de independencia judicial en Venezuela», y de cómo el Gobierno de Chávez ha «neutralizado» al poder judicial como garante de los derechos, enfatizó.
Afiuni, a quien Chávez calificó en 2009 como una «bandida», fue acusada de «presunta comisión de abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y corrupción propia» luego de que otorgó libertad condicional a un banquero y crítico del Gobierno que llevaba tres años detenido sin juicio, bajo cargos de corrupción.
HRW citó el caso del líder antichavista y exgobernador del estado Zulia (oeste), Oswaldo Álvarez Paz, detenido en marzo de 2010 tras declarar al canal de televisión privado Globovisión que el Gobierno de Chávez presuntamente violaba los derechos humanos y tenía vínculos con el terrorismo y el narcotráfico.
Álvarez Paz fue condenado a dos años de prisión en julio de 2011 y aunque un juez le permitió cumplir su sentencia bajo libertad condicional, su caso y otros de alto perfil demuestran que Chávez y sus simpatizantes «están dispuestos y son capaces de castigar a quienes desafían u obstruyen sus objetivos políticos», dijo.
HRW advirtió que, en vez de fomentar el pluralismo y la libertad de expresión, el Gobierno ha ampliado y abusado de sus poderes «para censurar a sus críticos».
En ese sentido, criticó tanto la multa de 2,1 millones de dólares contra Globovisión por su cobertura de una crisis carcelaria en junio de 2011, como el caso entablado contra su presidente, Guillermo Zuloaga, acusado en 2010 de presunto acaparamiento de autos usados y usura en su venta.
Zuloaga, quien ha denunciado públicamente la represión de los medios, reside actualmente en EE.UU. y es considerado un prófugo de la Justicia.
El Gobierno de Chávez ha usado su «autoridad regulatoria» para aumentar el número de medios de comunicación pro-Gobierno y reducir la disponibilidad de los que lo critican, señaló el documento de 121 páginas.
Así, ha ampliado de uno a seis los canales de televisión bajo control estatal -todos con clara línea chavista- y, si bien ha promovido la creación de estaciones de radio comunitarias, en particular en zonas marginadas, ha usado esa iniciativa con fines partidistas, señaló.
El Gobierno de Chávez ha intensificado sus esfuerzos por desacreditar a los activistas de derechos humanos, algo significativo si se toma en cuenta que el Estado tiene más poderes para sancionar a organizaciones no gubernamentales que reciben fondos extranjeros, sentenció.
HRW recomendó numerosas medidas que ayuden a restablecer la independencia judicial, fortalecer la libertad de expresión, frenar los ataques contra defensores de derechos humanos, y cumplir con las normas del sistema interamericano de derechos humanos. EFE