El Gobierno peruano prorrogó este viernes el «estado de emergencia» por 30 días en Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, del departamento de Cajamarca, en el norte, donde una parte de la población se mantiene en contra de las actividades mineras.
El pasado 3 de julio se declaró Estado de Emergencia para las mismas provincias de Cajamarca tras el enfrentamiento entre manifestantes y policías en el que murieron por disparos tres personas y 21 resultaron heridas.
Según el decreto publicado hoy en el diario oficial, la ampliación del estado de excepción tiene como objetivo «salvaguardar la integridad física de las personas, la propiedad privada y pública; así como, mantener el orden público y el libre tránsito peatonal y vehicular».
«Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú continuarán interviniendo en la zona (…) y quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, así como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito».
El Decreto Supremo lleva la rúbrica del presidente de la República, Ollanta Humala; del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, y de los ministros de Defensa, Pedro Cateriano; de Justicia y Derechos Humanos, Eda Rivas, y del Interior, Wilfredo Pedraza.
El pasado 1 de agosto, el gobierno peruano también prorrogó por 60 días el estado de emergencia en diferentes localidades de las regiones de Ayacucho, Cuzco, Huancavelica y Junín, en el centro y suroeste, por actividades de remanentes de la banda armada Sendero Luminoso y el narcotráfico.
En esa ocasión, las localidades comprendidas en el estado de emergencia son el distrito de Echarate, en la provincia cuzqueña de La Convención, por la presencia de fuerzas remanentes de Sendero Luminoso, que en mayo pasado tomaron en rehenes a un grupo de trabajadores del consorcio de gas de Camisea.
Igualmente, se prorrogó la emergencia en varias provincias de Ayacucho, Junín, Huancavelica y Cuzco donde «se ha detectado el problema del tráfico ilícito de drogas». EFE