Un año después de que la organización terrorista ETA anunciara el «cese definitivo de su actividad armada», las fuerzas de seguridad españolas consideran que es un proceso «irreversible» y los partidos políticos le exigen su disolución y la entrega de las armas.
Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por Efe no aprecian ningún síntoma de rearme en la banda ni movimientos para la formación de ‘comandos’, aunque se muestran convencidas de que el desarme total está «muy lejos» de producirse.
En este sentido, creen que la organización terrorista, que anunció el 20 de octubre de 2011 el cese de su actividad tras cinco décadas de violencia y más de 850 asesinatos, guarda la entrega de las armas como su última baza.
ETA tiene en la actualidad unos 550 presos en cárceles españolas, a los que hay que añadir los encarcelados en otros países, sobre todo en Francia (unos 140), donde se calcula que hay además unos cien huidos.
Los investigadores creen que la organización tiene dinero suficiente para seguir subsistiendo y conserva la red de informadores.
Pero creen que el proceso que inició hace un año no tiene vuelta atrás, y solo una escisión interna podría quebrarlo.
Al frente de la banda sitúan a cinco cabecillas, José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera», y las «veteranas» Izaskun Lesaka e Iratxe Sorzabal y David Pla, a quienes se atribuye la lectura de los comunicados del cese de la actividad terrorista, así como Joseba Iñaki Reta Frutos.
Según fuentes de la lucha antiterrorista, todo parece indicar que la dirección de la banda «ha asumido la derrota policial» y que la lucha armada «no va a ninguna parte».
Pero, un año después, la organización sigue sin anunciar su disolución y sin entregar las armas, por lo que las fuerzas políticas españolas le exigen que dé esos dos pasos fundamentales.
Conrado Escobar, portavoz de Interior del grupo del gobernante Partido Popular (PP) en el Congreso de Diputados (cámara baja), subrayó en declaraciones a Efe que «la única y verdadera noticia positiva sigue sin llegar y es la disolución incondicional de ETA», con la entrega de las armas y con una «expresa petición de perdón a las víctimas por todos los asesinatos y el daño producido».
Para Pedro Muñoz, portavoz de Interior del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el principal de la oposición, este aniversario es «una recompensa» para quienes más han sufrido el terrorismo, que son las víctimas, y para quienes más lo han combatido, que son las fuerzas de seguridad.
El portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Parlamento español, Josu Erkoreka, dijo que el balance de este año es «necesariamente positivo» porque han desaparecido los atentados y las amenazas y «se respira un aire de libertad que la mayoría de los ciudadanos no recordaba».
Los grupos independentistas vascos, Amaiur, presente en el Parlamento español, y EH Bildu, que se presenta por primera vez a las elecciones autonómicas del próximo domingo en el País Vasco, creen que estas fuerzas han dado pasos que no han sido correspondidos por el Gobierno español y los grandes partidos.
Instan al Ejecutivo de Mariano Rajoy a negociar con ETA las cuestiones relacionadas con los presos y el desarme.
Las asociaciones que agrupan a las víctimas del terrorismo desconfían de las intenciones de la organización y exigen que pida perdón por el daño causado.
La gerente de la Fundación Miguel Ángel Blanco -creada a raíz del secuestro y asesinato por ETA en 1997 del joven concejal del PP que le da nombre-, Cristina Cuesta (cuyo padre fue asesinado por la banda), considera que el mensaje de las víctimas del terrorismo debe ser «neutralizar e imposibilitar la materialización del proyecto político de ETA».
En este sentido calificó de «anomalía democrática» que EH Bildu pueda presentarse a las elecciones regionales del próximo domingo.
ETA, siglas de «Euskadi ta askatasuna» («Patria Vasca y libertad»), fundada el 31 de julio de 1959 con el fin de lograr la independencia del País Vasco.
En el año transcurrido no ha habido ninguna actividad terrorista y las fuerzas de seguridad españolas y de otros países europeos, sobre todo de Francia y el Reino Unido, han detenido a una veintena de sus miembros. EFE