BUENOS AIRES, Argentina (AP) — La justicia prorrogó el jueves la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín que suspendió la aplicación de dos artículos de una ley de medios que lo obligaba a desinvertir en el mercado audiovisual.
La medida de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal benefició así al grupo periodístico en su enfrentamiento con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, que había establecido el viernes como último día para que esa empresa periodística y todas las que se excedan en licencias de señales audiovisuales –según los límites establecidos por la ley de medios de 2009– presenten un plan para desprenderse de esas inversiones.
«Se pedirá la intervención de la Corte para que revea este acto que lesiona la democracia», dijo el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, en declaraciones a la agencia oficial Télam.
Clarín informó en su página de internet que la Cámara prorrogó la medida cautelar hasta que haya sentencia definitiva sobre la supuesta inconstitucionalidad de los dos artículos de la ley de medios. La agencia oficial de noticias Télam también informó la medida judicial.
Martín Sabbatella, titular del organismo público que regula a los medios audiovisuales, dijo a Télam que «el fallo lesiona a la democracia» y que «la justicia argentina no está preparada para pelear con las corporaciones porque gran parte está colonizada por esas mismas corporaciones».
Andrés D’Alessandro, director del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) que reúne a cientos de periodistas, dijo a The Associated Press que «hay que ser respetuoso de las decisiones de la justicia y teniendo en cuenta la judicialización de este proceso hay que seguir confiando en la ecuanimidad del sistema judicial».
El ministro de Justicia, Julio Alak, dijo la víspera que si la Cámara decidía extender la medida cautelar iba a generar un «conflicto de poderes» por «alzarse contra» una ley de la Nación, en referencia a la norma impulsada por el gobierno con la que, según ha dicho, pretende desconcentrar el mercado audiovisual y defender la pluralidad de voces. El gobierno intentó recusar a los magistrados de ese tribunal.
D’Alessandro criticó las presiones que ha estado ejerciendo el gobierno en las últimas semanas sobre esa corte. «No se puede jugar con fuego con la justicia», dijo.
En tanto, Claudio Paolillo, titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dijo a la AP que la prórroga de la cautelar «es lo más razonable que podía pasar. El país estaba encaminado a una situación sin salida».
Agregó que «mientras la justicia no definía sobre el fondo, lo más razonable era mantener la medida cautelar para que el Poder Ejecutivo no avanzara de oficio sobre los bienes y señales del Grupo Clarín». Una misión de la SIP se encuentra de visita en Buenos Aires para analizar la situación de la libertad de expresión en el país.
Clarín sostiene que la verdadera intención de la ley de medios es desguazar al grupo, atentar contra la libertad de prensa y alentar la creación de un bloque de medios obsecuentes con el gobierno.
Sabbatella había advertido que «si algún grupo mediático no presenta hasta el viernes a la medianoche el plan de adecuación voluntaria», el lunes 10 de diciembre acompañaría personalmente a un escribano para notificar a esa empresa sobre «el inicio de la transferencia de oficio» a otro titular de las licencias excedentes.
Ese proceso, dijo, incluye la valoración de licencias de radiodifusión y otros bienes afectados, las licencias que irían a concurso público y luego el traspaso a nuevos propietarios.
Sabbatella aseguró que el Estado «no viene a expropiar» pero juristas cuestionaron el proceso de desinversión y advirtieron que el Estado podría quedarse con antenas, cables o equipos sin pago de indemnización previa.
D’ Alessandro coincidió con otros analistas en que es muy probable que el Ejecutivo termine «acudiendo a la Corte Suprema para que defina sobre el enfrentamiento entre Clarín y el gobierno».
Clarín cuenta ahora con más tiempo a su favor mientras un juez de primera instancia resuelve la constitucionalidad de los dos artículos que limitan la concentración de licencias, disponen el desprendimiento de las excedentes y fijan un plazo para hacerlo, que el grupo objetó por considerar que atentan contra el derecho a la propiedad privada.
La Corte Suprema de Justicia estableció meses atrás que el 7 de diciembre vencía el plazo de vigencia de la medida cautelar, aunque no cerró las puertas a que pudiera ser extendida.
Por otro lado, el alto tribunal instó días atrás al juez de primera instancia a que se pronuncie cuanto antes sobre la «cuestión de fondo», es decir, la supuesta inconstitucionalidad de los dos artículos.
El gobierno informó que 14 grupos de los 20 que deben desinvertir ya presentaron sus planes para hacerlo, que serán revisados para su aprobación o corrección. Esa veintena de grupos se excede en unas 500 licencias. Todos ellos han expresado su voluntad de desprenderse de inversiones menos Clarín.
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Otra ROBOLUCIONARIA,que triplico su fortuna ,no pudo comprar CORTES Y JUECES,como lo hizo nuestro EMPERADOR, bien por ARGENTINA