Buenos Aires, 25 abr (EFE).- En medio de un clima de tensión y de intercambio de acusaciones, el oficialismo argentino sacó adelante, por estrecho margen, la polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández durante un maratoniano debate en la Cámara de Diputados.
Tras un debate de 21 horas, la Cámara aprobó, por 130 votos a favor -solo uno más de lo que exige la ley- y 123 en contra, los cambios en la composición del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y destituye a los jueces, que debe superar todavía la tramitación en el Senado, la próxima semana.
Además, el Parlamento convirtió en ley la creación de tres nuevas cámaras de casación y la limitación a las medidas cautelares judiciales que pudieran dejar en suspenso, por algún recurso, leyes aprobadas por el Parlamento.
Miles de personas se concentraron el miércoles frente al Parlamento atendiendo a convocatorias de distintas organizaciones para protestar contra la reforma que, según el Gobierno, supone una «democratización» de la Justicia y que la oposición interpreta como una «politización» del Poder Judicial.
El artículo más polémico de la reforma del Consejo de la Magistratura, el que propone aumentar de 13 a 19 sus miembros, que serían elegidos por votación popular, requirió dos votaciones antes de salir adelante.
Tras el resultado negativo de la primera votación por un único voto, dos diputados oficialistas señalaron que hubo un error en el tablero y sus votos positivos no fueron registrados, a lo que la oposición replicó con gritos de «fraude, fraude».
La discusión desencadenó un cruce de acusaciones y forcejeos entre legisladores que culminó con el abandono temporal de legisladores opositores del hemiciclo.
Sin la oposición, los artículos restantes de la iniciativa fueron aprobados por 130 votos a favor y 9 en contra.
Al término de la sesión parlamentaria, el presidente de la Cámara de los Diputados, Julián Domínguez, se mostró satisfecho por haber avanzado, dijo, «en el reclamo de la sociedad con respecto a la Justicia».
En declaraciones a los medios, Domínguez acusó a la oposición de haber abandonado el hemiciclo con «el claro propósito de que la sesión se cayera y de boicotearla».
El presidente del bloque opositor Unión Cívica Radical (UCR), Ricardo Gil Lavedra, remarcó que «la aprobación de este proyecto supone un gravísimo retroceso institucional para quienes creemos en la República» y denunció que el kirchnerismo persigue «nombrar jueces adeptos» que «van a ser incapaces de controlar nada».
Entre los que se oponen a los cambios en el Poder Judicial figuran también algunos diputados del partido oficialista Frente para la Victoria, como Jorge Yoma, quien declaró haber visto «pocas leyes tan indignas como ésta».
La reforma también incluye un proyecto para permitir el acceso a la carrera judicial mediante oposiciones y otro para aumentar la transparencia del Poder Judicial, que ya fueron sancionados por la Cámara de Diputados y ahora deben ser aprobados por el Senado.
Tras el escándalo desatado en la Cámara baja, grupos críticos con el Gobierno han convocado hoy a través de las redes sociales un nuevo cacerolazo en todo el país bajo la consigna «Argentina resiste».
Una semana después de la protesta masiva que sacudió las principales ciudades de país contra la política de Fernández, la convocatoria del 25A ha recibido ya el apoyo de algunos referentes de la oposición, como la diputada de Coalición Cívica Elisa Carrió. EFE
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