Venezuela (AP) — El presidente Nicolás Maduro lanzó el lunes un nuevo plan de seguridad que contará, en su etapa inicial en la región capital, con 1.200 militares y 800 policías, para hacer frente a la creciente delincuencia que azota al país, en medio de críticas de analistas y organizaciones de derechos humanos que sostienen que los uniformados no tienen formación para atender la seguridad ciudadana.
Maduro activó, en un acto en el patio de la Academia Militar del Ejército, las unidades militares y policiales que participarán en el nuevo plan especial de seguridad «Patria Segura» para hacer frente a la creciente criminalidad, que aseguró que es el «problema más importante que tiene nuestra sociedad por resolver».
En todo el país, aunque no hay datos oficiales actualizados, se calcula que la tasa es de alrededor de 55 homicidios por cada 100.000 habitantes, con por lo menos 16.000 muertos al año. Venezuela registró el año pasado la quinta tasa de homicidios más alta de mundo sólo detrás de Honduras, El Salvador, Costa de Marfil y Jamaica, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Desde el 2003, el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez comenzó a incorporar a los militares, en particular a la Guardia Nacional, en el combate a la delincuencia. En esta oportunidad se espera sumar a los miembros del Ejército a las labores de vigilancia en las ciudades que actualmente son desarrolladas por las policías y la Guardia Nacional.
El mandatario dijo, en cadena de radio y televisión, que en su etapa inicial el nuevo plan de seguridad arrancará en seis puntos del oeste y este de Caracas, y que a partir de la próxima semana se extenderá a los estados Zulia, Lara y Carabobo. El gobierno aspira incorporar a 3.000 militares a las labores de combate a la delincuencia en todo el país.
A mediados del año pasado el gobierno lanzó el programa denominado la «Gran Misión a Toda Vida» focalizado en la prevención del delito y el fortalecimiento de los cuerpos policiales, lo que implicó la incorporación de varios miles de hombres a la policía nacional.
Maduro aprovechó para criticar a las televisoras locales por la trasmisión de «series violentas», y dejó entrever que esos programas estarían estimulando la violencia en el país. «No vamos a permitir programas que promuevan la prostitución, las drogas, la violencia… Que cese el festín de la muerte», agregó.
Al anunciar la activación del plan especial, el ministro de Relaciones Interiores, general Miguel Rodríguez Torres, pidió a los militares actuar «siempre respetando los derechos humanos de nuestro pueblo».
El asesor en materia de seguridad del bloque opositor, Luis Izquiel, se mostró pesimista por la activación del nuevo plan de seguridad, que según dijo es el 21ro que se crea en 14 años, y añadió que mientras no se atiendan el problema de la impunidad, el «desastre» del sistema carcelario, y la «proliferación de las armas de fuego ilegales», persistirá la situación de criminalidad.
Izquiel indicó a la AP, en entrevista telefónica, que no es la primera vez que el gobierno utiliza a los militares para combatir la delincuencia, hecho que consideró como violatorio de la Constitución, y recordó que los ensayos anteriores «no tuvieron éxito».
Agregó que algunas de las principales organizaciones humanitarias del país han alertado sobre el uso de militares en labores de seguridad ciudadana porque eso representa un «peligro en derechos humanos».
Izquiel afirmó que con este nuevo plan el gobierno busca «como oxigeno político», y tratar de «renovar la esperanza» en medio de las tensiones políticas que enfrenta Maduro ante la negativa de la oposición a reconocer su victoria en las pasadas elecciones del 14 de abril.
Maduro ganó los pasados comicios con 7,5 millones de votos, superando por un estrecho margen al opositor Henrique Capriles. La ajustada diferencia generó cuestionamientos de la oposición, que se ha negado a reconocer a Maduro como presidente alegando que en las elecciones se cometió un fraude.
La organización Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), que es una de las ONG que ha cuestionado el uso de militares en labores de seguridad, difundió el pasado 9 de mayo su informe anual, correspondiente al 2012, en el que denunció que durante ese año registraron 164 casos de violaciones al derecho a la vida, una cifra muy parecida a la del 2011.
Del total de los casos de asesinatos procesados por Provea 84% correspondieron a «ejecuciones» y 9,7% a «uso excesivo de la fuerza».
Entre los responsables de las violaciones al derecho a la vida la policía judicial figura con 45 casos de fallecimientos, mientras que la fuerza armada tiene 13 víctimas, refiere el informe.