GUATEMALA (AP) — El Tribunal de Sentencia aceptó el lunes once de un pliego de 27 puntos solicitados como reparación por las víctimas, luego de la condena a 80 años al ex dictador José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
El Tribunal dio lectura a lo que considero «reparación digna» de las víctimas, solicitada por la Asociación Justicia y Reconciliación y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos.
La reparación incluye la obligación de pedir perdón por parte de los presidentes de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y los ministros defensa y el de gobernación en «forma pública, nacional y en cada una de las comunidades donde se ejecutó el genocidio».
Además la implementación del 23 de marzo como día contra el genocidio el día de 1982, cuando Ríos Montt dio el golpe de estado que lo llevó al poder y que desencadenó cientos de masacres durante su año y medio de gobierno.
Otro de los puntos es que el Ejecutivo construya monumentos en la capital y en los tres municipios ixiles afectados por las matanza de 1,771 indígenas: Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzale en la región noroeste de Guatemala.
En la audiencia del lunes se tenía previsto que acudiera el ex dictador condenado, pero cuando llegaba a la audiencia tuvo un leve desmayo por lo que fue trasladado al Centro Médico Militar. Según su abogado Francisco García Gudiel, el ex dictador tiene quebrantos de salud desde el domingo pero se había resistido a ser enviado a un hospital.
García Gudiel, dijo que las reparaciones otorgadas y solicitadas son «ridículas y absurdas». «En todo caso que sea el presidente el que tenga que pedir perdón pero no las otras autoridades que nada tiene que ver en esto» dijo.
César Calderón abogado defensor de José Rodríguez Sánchez, ex jefe de inteligencia de Ríos Montt y que fue absuelto de los cargos, dijo que estaba de acuerdo con las reparaciones obtenidas «pues van acorde a los delitos».
El 10 de mayo el Tribunal compuesto por Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Pablo Xitumul, condenaron al ex dictador luego de que la fiscalía lo acusó de la muerte de 1,771 indígenas ixiles, asesinados por el Ejército de Guatemala bajo su mando, durante su gobierno de facto ( 23 de marzo de 1982- 8 de agosto de 1983).
Un informe de una comisión de la verdad de Naciones Unidas señaló que por lo menos 200.000 guatemaltecos murieron durante los 36 años que duró el conflicto armado (1960-1996) y que concluyeron con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla.