Uruguay (AP) — El gobierno uruguayo envió el martes al Congreso su proyecto de ley para regular los medios audiovisuales de comunicación, afirmando que el país la necesita para adecuarse a la realidad del siglo XXI y que no será una «ley mordaza».
El proyecto incluye «la necesidad del pago de un precio por un canon de utilización de las ondas radioeléctricas» por parte de los medios, informó el secretario de la Presidencia, Diego Cánepa, al anunciar su envío al Congreso, donde el partido oficialista Frente Amplio (izquierda) tiene mayorías para transformarlo en ley.
También incluye «la propuesta» de que los medios tengan que emitir «publicidad electoral gratuita» de todos los partidos en tiempos electorales, agregó.
El proyecto, que no incluye a los medios escritos, determina un porcentaje obligatorio de contenido de origen nacional en la programación, según el texto publicado por Presidencia en su portal de internet.
Además, prohíbe que empresas audiovisuales ofrezcan servicios de telefonía, y determina que una misma empresa podrá poseer un máximo de tres medios audiovisuales y no más de una frecuencia radial por banda (AM o FM).
También establece un «horario de protección» a niños y adolescentes entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, en el cual los programas deberán ser «aptos para todo público».
El texto responde «a la necesidad de contar con un marco normativo integral que otorgue garantías a la libertad de expresión», informó la Presidencia, además de que establece la «duración de las licencias» y sus «procesos de adjudicación» para que «exista un proceso claro y transparente, no supeditado a la discrecionalidad».
El presidente José Mujica había afirmado el viernes que el proyecto estaba «a leguas de cualquier cosa que se parezca a una ley mordaza», ya que «no incluye la limitación previa de contenidos», sino que «impulsa la autorregulación» y «prohíbe expresamente cualquier mecanismo de censura previa» por parte de «cualquier entidad reguladora».
«No existe interés de regular los contenidos de los informativos ni meternos en línea editorial de los medios. No es cuestión de que «el gobierno diga lo que es bueno o malo, lo que es la calidad o lo que no es la calidad, no nos corresponde ese papel», añadió, al hablar de la llamada Ley sobre Servicios de Comunicación Audiovisual.
Según Mujica, el proyecto «trata de limitar la formación de monopolios y oligopolios» y de «garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios».
Busca «establecer derechos y obligaciones, contemplar procedimientos transparentes del debido proceso y trata de que el otorgamiento de permisos para el uso de frecuencias sea lo suficientemente largo para que se pueda desarrollar cualquier proyecto de comunicación y obviamente para que se pueda recuperar la inversión», aseguró.
Mujica, que tiempo atrás afirmara que rechazaría una eventual «ley de medios» y que si le enviaran una la tiraría «a la papelera», cambió ahora de parecer y aseguró que el proyecto es importante porque el país necesita «una verdadera actualización».
El proyecto del gobierno generó críticas en la oposición los días previos. En particular se criticó el no publicar su contenido para poder discutirlo antes de llevarlo al Congreso.
«A nosotros nos preocupa que Mujica esté hablando de que tiene una ley de medios y no adelante el contenido, no invite a los partidos a discutirla», dijo el senador Pedro Bordaberry, líder del partido Colorado (derecha), el viernes a The Associated Press. «Si uno ve que las afinidades de Mujica son Venezuela y el gobierno de Cristina Kirchner en Argentina, y al mismo tiempo plantea el debate de una ley de medios pero sin mostrarla… eso genera sospechas», criticó.
El contexto regional del proyecto del gobierno uruguayo son polémicas leyes con nombres similares en Argentina y Venezuela.
En Argentina, el gobierno le pidió al Congreso la semana pasada expropiar al único fabricante de papel de diarios, afirmando que debe garantizarse su producción y distribución, ante lo cual la oposición afirmó que se trataba del comienzo del fin de la libertad de prensa en el país.
En Venezuela, el conflicto entre el gobierno del recientemente fallecido Hugo Chávez y la prensa no oficialista ha sido permanente, y la oposición lanza frecuentes acusaciones de censura.
Algunos analistas criticaron que el gobierno busque regular una actividad tan sensible como la prensa.
«Tengo una postura filosóficamente contraria a la regulación en periodismo y comunicación. La historia reciente muestra que las ‘leyes de medios’ suelen dar herramientas a los gobiernos para presionar por diferentes vías el trabajo periodístico. Ese trabajo es esencial para que el ciudadano ejerza su derecho a informarse», dijo a la AP Mauricio Rabuffetti, profesor de periodismo en la Universidad Católica del Uruguay.
«Aunque se argumente que no se controlarán contenidos, el solo hecho de regular procedimientos implica una limitación que no me parece sana en una democracia. De todas maneras, es el siglo XXI. Existe internet, hay redes sociales. Cualquier intento —esperemos que este no lo termine siendo— de influir en contenidos, se vería superado por la realidad digital», concluyó.