BRASILIA, Brasil (AP) — Los manifestantes volvieron a tomar las calles en Brasil en una nueva oleada de marchas el sábado en contra de un proyecto de ley que limitaría el poder de las fiscalías estatales y federales en la investigación de delitos, y exigen mejores servicios públicos y que se ponga fin a la corrupción en el país.
Miles de personas se congregaron en la plaza principal de Belo Horizonte y cientos más participaron en marchas en otras ciudades, protestando principalmente por una legislación que, de aprobarse, quitaría poderes a los fiscales que investigan delitos en un país en el que la mayoría de la población se dice harta ante los altos niveles de robos y asesinatos.
La oposición al anteproyecto domina las protestas convocadas en Sao Paulo, Brasilia, Río de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, Goiania, Salvador y Santa María.
En otras 20 ciudades se prevé que los manifestantes exijan mejor y más barato servicio de transporte público, protesten contra la corrupción y por los miles de millones que se están gastando en los preparativos para la Copa Mundial de 2014 y las Olimpiadas del 2016.
El viernes, la presidenta brasileña Dilma Rousseff rompió su silencio casi absoluto después de más de una semana de multitudinarias y violentas protestas, al decir en un discurso transmitido por televisión a la hora de mayor audiencia que las protestas pacíficas son parte de una democracia sólida pero que no puede tolerarse la violencia. La mandataria prometió mejorar los servicios públicos y dialogar con líderes de las protestas.
Pero no estaba claro exactamente quién representaría a los nutridos y descentralizados grupos de manifestantes que han tomado las calles para protestar contra los pésimos servicios públicos a pesar de una alta carga fiscal.
«Voy a reunirme con los líderes de las protestas pacíficas, quiero que las instituciones sean más transparentes, más resistentes a la ilegalidad», expresó Rousseff en referencia a la percepción de una profunda corrupción en la política del país, que ha surgido como un punto central de las protestas. «Es el poder de la ciudadanía, y no el económico, el que debe escucharse primero».
Aunque no ofreció detalles, Rousseff dijo que su gobierno crearía un plan nacional de transporte público en las ciudades y reiteró su apoyo a un plan que estudia el Congreso para invertir los ingresos del petróleo en educación, además de una promesa que ya había hecho de traer médicos extranjeros a zonas necesitadas.
La mandataria, una ex rebelde marxista que luchó contra el régimen militar brasileño que gobernó entre 1964 y 1985 y estuvo en prisión tres años, además de ser torturada por la junta militar, recordó los sacrificios que su generación hizo para que el país se librara de la dictadura.
«Mi generación luchó mucho para que se pudiera escuchar la voz de la calle», dijo Rousseff. «Muchos fueron perseguidos, torturados y muchos murieron por esto. Hay que escuchar la voz de la calle y respetarla, y no se puede confundir con el ruido y la truculencia de algunos agitadores».
Bruna Romao, de 18 años y empleada de una tienda en Sao Paulo, opinó que las palabras de Rousseff probablemente no tengan mucho impacto.
«Los brasileños son apasionados», dijo. «Nos disparamos rápido, pero también se nos quita rápido. Pero esta vez es diferente, la gente está fuera de control. No veo que la situación se calme pronto».
Tratar de descifrar la reacción de la presidenta a la agitación se había convertido en un pasatiempo nacional, especialmente después que aproximadamente 1 millón de manifestantes antigubernamentales se lanzaron a las calles la noche anterior en todo el país para denunciar todo tipo de problemas, desde los servicios públicos de mala calidad hasta los miles de millones de dólares invertidos en la preparación de la Copa del Mundo de fútbol el próximo año y los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Río en 2016.
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