Sao Paulo, 28 jun (EFE).- El gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, anunció hoy un recorte presupuestario forzado por la revocación de un alza del precio del transporte público, que fue el detonante de las protestas que sacuden a Brasil desde hace veinte días.
Alckmin explicó que el recorte se logrará con la desaparición de las secretarías de Desarrollo Metropolitano y de apoyo al Trabajo Artesanal, y la fusión de tres organismos de la administración regional, lo cual permitirá ahorrar 355 millones de reales (unos 161 millones de dólares) hasta fines de 2014.
«Es un esfuerzo de gestión para mejorar la eficiencia con el gasto público y compensar la revocación del aumento de la tarifa del transporte», dijo el gobernador de Sao Paulo, el estado más rico e industrializado de Brasil y responsable por cerca del 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Las protestas que se han expandido por todo el país comenzaron el pasado 10 de junio tras un aumento del precio del transporte en Sao Paulo, que pasó de 3,00 reales (unos 1,36 dólares) a 3,20 reales (unos 1,45 dólares).
Si bien se centraron inicialmente en ese aumento, las protestas fueron ganando reivindicaciones a medida que se extendían por Brasil y desvelaron un profundo malestar social hasta ahora contenido.
La «voz de la calle», como definió a esta inesperada explosión popular la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, exige mejores servicios públicos y más inversiones en salud y educación, y protesta contra la corrupción y el alto gasto público en el Mundial de fútbol de 2014, entre muchas otras demandas.
Frente a la presión de las protestas, Sao Paulo y otras ciudades del país revocaron la semana pasada los aumentos de los precios del transporte, así como adoptaron diversas medidas para atender las críticas de los manifestantes.
La presión también dio frutos en el ámbito nacional y el Congreso desempolvó diversos proyectos que languidecían hace años.
Entre otras decisiones, la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley que excluía a la Fiscalía de las investigaciones de corruptelas, y además destinó el 75 % de las regalías del petróleo a la educación y el otro 25 % a la salud.
Del mismo modo, presionada por las protestas, Rousseff decidió convocar a un plebiscito antes de octubre próximo para consultar a la población sobre una reforma política, que persigue perfeccionar el sistema electoral y establecer nuevas reglas para la financiación de los partidos políticos. EFE