Bogotá, 8 jul (EFE).- Las protestas campesinas que comenzaron hace un mes en la región colombiana del Catatumbo (noreste) han propiciado una oleada de manifestaciones de diversos grupos sociales que salieron a las calles de todo el país para hacer sus reivindicaciones.
Después de los bloqueos de vías de los campesinos del Catatumbo, que permanecen a la espera de soluciones tras dialogar con el Gobierno colombiano, han proliferado las protestas de indígenas, vecinos de regiones remotas y desatendidas y productores agropecuarios.
Para el analista político Alfredo Rangel, este contagio responde a «un estilo deficiente de manejo de movimientos sociales por parte del Gobierno, unido al enrarecimiento social y económico que hace que las protestas se propaguen».
«En Colombia hay protestas sociales en general debido a un descuido del Gobierno en su política social y económica y falta de comunicación e interlocución con las regiones», añadió en declaraciones a Efe Rangel, quien dirige la Fundación Seguridad y Democracia.
El defensor del Pueblo colombiano, Jorge Armando Otálora, alertó por su parte que el ambiente de movilización «se está generalizando a nivel nacional», por lo que llamó «al Gobierno nacional y a los dirigentes de cada uno de los paros a que por favor se sienten en una mesa de concertación».
El director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, observó que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene al frente «un test para probar su habilidad en la resolución de movilizaciones».
Según Vargas, este Gobierno no se destaca por su capacidad de «anticiparse» y además es «muy bogotano y poco dado a la relación con las regiones», lo que complica su capacidad para «dar respuesta al descontento social».
La protesta más mediática ha sido la de los campesinos del Catatumbo, convulsa y cocalera región en la frontera con Venezuela, que arrancó hace cuatro semanas en rechazo a una campaña oficial de erradicación de hoja de coca y por demandas históricas, que ha dejado hasta ahora cuatro jornaleros muertos y decenas de heridos.
Tras varios intentos de diálogo fallidos, Santos determinó enviar mañana dos delegaciones al Catatumbo, una de ellas a la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, formada por varios ministros, y otra de viceministros a la localidad petrolera de Tibú, justo cuando se cumplen 29 días de protestas.
Los campesinos del vecino departamento de Arauca (este) iniciaron hoy marchas de apoyo en las ciudades de Saravena y Arauca, así como en los municipios de Fortul, Tame y Arauquita, en respaldo a los «compañeros» del Catatumbo.
La Defensoría del Pueblo, que ejerce como mediadora en estas protestas, advirtió en un comunicado que «resulta preocupante que al actual panorama nacional de movilizaciones sociales se vienen consolidando muchos más paros y bloqueos», entre ellos los ciudadanos de Guapi (Cauca, suroeste) y de San Roque (Cesar, norte).
Los habitantes de Guapi protestan desde el pasado 2 de julio por el mal estado de las vías, de las condiciones sanitarias y del estado financiero y administrativo, por lo que han bloqueado la vía principal y la carretera que une el hospital con el aeropuerto.
Las comunidades de Curumaní, Chiriguaná y San Roque, en Cesar, bloquean las vías desde el pasado sábado en reclamo por el deficiente servicio de fluido eléctrico de Electricaribe, aunque las autoridades locales lograron convencer a los manifestantes para sentarse en una mesa de diálogo el martes.
También los integrantes de la etnia indígena Awá en el departamento de Nariño (suroeste) realizan desde el martes pasado una manifestación en el centro y alrededores del municipio de Ricaurte, en reclamo por el respeto a la vida y a su territorio.
A estas movilizaciones se suma una posible jornada de huelga del sector agrícola el próximo 19 de agosto anunciada por el Movimiento por la Dignidad Cafetera, que ha convocado también a productores de leche, ganaderos, cacaoteros y camioneros. EFE