BUENOS AIRES (AP) — «Yo en 2015 quiero ser jueza. ¿Para qué presidenta?», afirmó Cristina Fernández días atrás al ironizar sobre una hipotética candidatura para un tercer mandato. «No pagas impuesto a las ganancias, nadie te conoce, viajas sin explicar nada, las ventajas son innumerables».
No es común que un mandatario cuestione públicamente a los jueces, pero el comentario no sorprendió a nadie en Argentina, donde Fernández se ha enfrascado en una feroz batalla con el Poder Judicial y, en particular, con la Corte Suprema.
Fernández achaca a los jueces privilegios injustificados y sostiene que el sistema judicial necesita ser modernizado. Políticos, académicos y muchos de los propios miembros del aparato judicial coinciden en la necesidad de una renovación, pero critican la forma en que la presidenta libra su campaña en busca de modernizar el Poder Judicial. Y sospechan de sus intenciones.
Si bien Fernández ha obtenido buenos réditos electorales en disputas políticas cuerpo a cuerpo en el pasado, «esta pelea es más complicada y tiene costos más graves que otras que ha dado; se puso en frente a casi todo el poder judicial y solo recibe fallos en contra en las últimas semanas», comentó a la Associated Press el analista Ignacio Fidanza, director del portal lapoliticaonline. «Tenía bien aceitada la relación con la justicia y eso se rompió».
Lo más llamativo es que hasta hace no mucho el máximo tribunal era elogiado por el gobierno. La mayoría de sus actuales miembros ingresaron al comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), antecesor y difunto marido de Fernández, el cual impulsó entonces la salida o renuncia de varios altos magistrados cuestionados por su supuesta obsecuencia con el ex mandatario Carlos Menem en los años 90.
«La estrategia de la presidenta es equivocada; quiere desarmar una corte que fue uno de los principales puntos fuertes de los Kirchner junto con la política de derechos humanos», dijo Mariel Fornoni, directora de la encuestadora Management & Fit.
La ruptura se gestó a partir de una serie de fallos que no cayeron bien al gobierno, incluidos uno de enero del 2013 en el que un tribunal suspendió la expropiación de los predios de la Sociedad Rural en un barrio exclusivo de Buenos Aires que había dispuesto el gobierno aduciendo que habían sido vendidos a esa entidad a precio vil en la gestión de Carlos Menem.
Poco después, en abril, un tribunal de segunda instancia falló a favor de Clarín en su disputa con el gobierno, que acusa a ese poderoso grupo de medios de manipular la realidad y es uno de los principales enemigos del oficialismo.
En junio la Corte Suprema rechazó el eje principal de la reforma judicial que planteó el gobierno y quedó en su mira, sobre todo su titular, Ricardo Lorenzetti, a quien allegados a la mandataria acusan de utilizar su puesto para «hacer campaña» con el fin de competir en un futuro por el sillón presidencial. Las autoridades fiscales han iniciado una investigación de las declaraciones impositivas de los hijos del magistrado y su secretario administrativo.
«Todo ello creó un malestar muy grande del gobierno con el poder judicial y el primer anuncio del Ejecutivo de reformar la justicia y ‘democratizarla»’, dijo a la AP el abogado constitucionalista Gregorio Badeni. «Pero la intención no era modernizar sino impedir medidas cautelares contra el gobierno y facilitar la incorporación de jueces adictos».
Para Fornoni y otros analistas la actitud beligerante de Fernández con sectores que considera extorsionadores y defensores de intereses espurios casi siempre oculta el intento de la mandataria de «redoblar la apuesta» y su gusto de hacer una «épica de sus peleas». «Son disputas de poder con las que agrupa a la tropa atrás y le da una bandera, la ‘encolumna»’, afirmó por su parte Fidanza.
Otros analistas creen que Fernández busca controlar la agenda política y desviar la atención sobre problemas como la creciente inflación. Sostienen además que el objetivo de la mandataria es restar credibilidad al poder judicial para que la opinión pública considere inverosímiles las denuncias de corrupción que han salpicado a allegados del gobierno.
Algunos afirman que en esta ocasión Fernández eligió un mal adversario. La Corte, un tribunal que en términos generales es elogiado por la mayoría de los juristas y abogados, tiene pendiente la definición de varias causas que el oficialismo mira con lupa, incluida la de Clarín.
Además, la corte debe resolver una causa en la que se pretende hacer extensible a un millón de jubilados los alcances de un fallo testigo sobre el reajuste de haberes, lo que según la administración nacional de pensiones es inaceptable porque la pondría en un aprieto financiero.
Junto con ello, el tribunal está a la espera de que le llegue un fallo que declaró inconstitucional la restricción de la compra de dólares impuesta por el gobierno en 2011 para frenar la fuga de divisas y acopiar más reservas. Esa sentencia, apelada por el gobierno, fue favorable a un argentino que se opuso a que se le obstaculice su derecho a adquirir 125.000 dólares para cancelar una deuda preexistente.
Badeni consideró «grave» el clima de tensión entre el gobierno y gran parte del poder judicial. «Si gana ella, la descomposición del sistema judicial será total; si pierde, aparecerán otros grupos que la van a enfrentar dentro del propio peronismo», dijo. El jurista es muy crítico con la reforma judicial que impulsa Fernández.
Según Fornoni, Fernández no está tan fuerte como antaño, ha bajado en las encuestas por los últimos escándalos de corrupción que han salpicado a allegados y todavía tiene que sortear dos años y medio de mandato. La constitución le prohíbe aspirar a un tercer período consecutivo. «En el peronismo las peleas por la sucesión son mortales; todos están olfateando el cadáver».
Los críticos de la reforma judicial opinan que los cambios defendidos por el gobierno vulneran la independencia de la justicia y que el verdadero motivo que persigue el Ejecutivo es contar con jueces adictos. Pero Fernández sostiene que la reforma busca «democratizar» el sistema judicial, terminar con los privilegios de la «corporación de jueces» –como el hecho de que no paguen impuestos por sus ingresos como hace el común de los asalariados del país–, y con la protección que éstos brindarían a poderosos sectores, como el del campo.
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La presidenta argentina, Cristina Fernández, en una fotografía de archivo del viernes 12 de julio de 2013 mientras asiste a la cumbre del Mercosur en Montevideo, Uruguay. (Foto AP/Matilde Campodonico)