LONDRES (AP) — El gobierno británico fue quien ordenó al principal servidor público del país que le pidiera al periódico The Guardian que destruyera información filtrada por el ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos Edward Snowden, revelaron altos funcionarios este miércoles.
El viceprimer ministro Nick Clegg defendió la decisión de pedir al secretario del gabinete, Jeremy Heywood, que se acercara al diario, que comenzó a publicar historias en junio sobre la vigilancia gubernamental de Estados Unidos y Gran Bretaña, sobre la base de la información de Snowden.
«El viceprimer ministro pensó que era razonable que el secretario del gabinete le pida al Guardian que destruya información que pueda significar una grave amenaza a la seguridad nacional si cae en las manos equivocadas«, destacó la oficina de Clegg en una declaración. «Al viceprimer ministro le pareció que era un enfoque preferible a iniciar una acción legal».
La declaración dijo que la acción «fue acordada con el entendimiento de que el propósito de destruir el material no afectaría la capacidad del Guardian para publicar artículos sobre el asunto, pero ayudaría como medida de precaución para proteger vidas y la seguridad».
The Guardian dijo que destruyó discos duros que contenían material filtrado por Snowden en vez de entregarlos o enfrentarse a una acción legal por parte del gobierno. El diario dijo que tiene otras copias del material fuera de Gran Bretaña.
El secretario de relaciones exteriores William Hague también respaldó la decisión de pedirle a The Guardian que destruyera los documentos.
«El gobierno claramente tiene un deber si la información se conserva de manera insegura y podría ser dañina para nuestra seguridad nacional, tratar de asegurarse que se recupere o destruya», indicó.
El editor del Guardian, Alan Rusbridger, reveló la destrucción en medio de la intranquilidad por la detención de David Miranda, pareja del periodista de ese diario Glenn Greenwald, en el aeropuerto londinense de Heathrow el pasado fin de semana. Miranda llevaba información de la cineasta Laura Poitras en Alemania a Greenwald, que reside en Brasil.
Defensores de las libertades civiles alegan que Miranda fue detenido ilegalmente y han descrito el incidente como un abuso de poder.
Una firma de abogados que representa a Miranda inició una acción legal contra el gobierno y desea garantías de que el material que se le incautó no será compartido con nadie.