Santiago de Chile, 23 ago (EFE).- El Gobierno chileno admitió hoy que existen «dificultades» con Argentina por los problemas de la aerolínea Lan en ese país y diferencias por la falta de reciprocidad ante las solicitudes de extradición, por la negativa argentina de entregar a un acusado de asesinar a un senador derechista.
Ambos asuntos marcaron la V reunión binacional de ministros, que se celebró este viernes en la capital chilena de forma simultánea con la III reunión de gobernadores argentinos e intendentes chilenos de la frontera común.
Al finalizar, el presidente Sebastián Piñera recibió a los ministros en el Palacio de la Moneda sin presencia de la prensa.
El encuentro estuvo cruzado por el ultimátum de diez días que un organismo argentino dio el miércoles para que Lan abandone un hangar que utiliza en el aeropuerto bonaerense de Aeroparque, destinado a vuelos internos, desde donde la compañía viaja a catorce destinos en ese país.
Argentina argumenta que esa medida afecta también a otras compañías, que se anunció en noviembre y que el objetivo es remodelar las instalaciones.
«Nosotros deseamos, estamos seguros de que Lan va a seguir operando en la Argentina de acuerdo a las normas que establezcan las autoridades argentinas», declaró Timerman en una rueda de prensa junto a su homólogo chileno, Alfredo Moreno.
Timerman se declaró «muy satisfecho con la decisión de Lan de mantener el diálogo con las autoridades argentinas» y dijo que ellos pueden «colaborar», pero no pueden «resolverle los problemas a una empresa».
Aunque Lan hasta el momento no ha acudido a la justicia, un juez federal argentino dictó hoy dos medidas cautelares a petición de las aerolíneas Mac Air y Tango que ponen freno a la resolución que obliga al desalojo de Aeroparque y que afecta también a Lan.
Timerman consideró que «es un problema que desde el punto de vista periodístico está elevado a una potencia que no amerita» y que «los intereses entre Chile yArgentina son tan grandes que no deben entrar nunca en un hangar».
«Aquí tenemos una dificultad, pero lo importante es cómo avanzamos en resolverla», señaló por su parte Alfredo Moreno.
«Lo satisfactorio es tener esa disposición de avanzar y las mejores soluciones son cosas que tienen que encontrar la empresa, los reguladores argentinos, las autoridades sectoriales», añadió.
Según dijo, lo que preocupa a su Gobierno «es que no exista una discriminación que pudiera haber simplemente por ser extranjero».
Este año, Lan criticó que tuvo que pagar un alza unilateral de 18 millones de dólares en la tarifa de la compañía estatal que le presta servicios para el desembarque de pasajeros y se ha quejado también de que se le ha impedido reemplazar aviones en mantenimiento en ese país.
El jefe de Gobierno de Buenos Aires, el opositor Mauricio Macri, ha acusado al Ejecutivo argentino de querer «perjudicar a Lan por el mal funcionamiento de Aerolíneas Argentinas», que pasó a manos estatales tras la expropiación en 2009 al grupo español Marsans.
Lan, de capitales chilenos, es una de las principales aerolíneas de Latinoamérica, su filial en Argentina cuenta con 3.000 trabajadores y representa un 9,2 % de los ingresos de Latam Airlines, que nació en 2012 por la fusión de Lan con la brasileña Tam.
El otro asunto de fricción es la política en materia de extradición. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, llamó hoy a fortalecer la cooperación «en la acción policial y judicial» y sacó a relucir la gestión de Chile en el caso del exjuez Otilio Romano.
Romano huyó a Chile en 2011 tras ser requerido por su país por su presunta participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura argentina (1976-1983) y, tras denegársele el asilo, la Corte Suprema aprobó esta semana su extradición.
Su caso contrasta con el de Sergio Galvarino Apablaza, un exguerrillero procesado en Chile por el asesinato en 1991 del senador pinochetista Jaime Guzmán, al queArgentina concedió refugio político en 2010, lo que bloqueó su extradición.
Guzmán fue fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los dos partidos de la coalición gubernamental.
«No son los mismos casos. Entendemos la sensibilidad que puede causar en Chile, pero son dos casos totalmente diferentes que tienen una resolución que no puede ser un intercambio de monedas», opinó Timerman tras expresar su «gratitud» por la extradición de Romano.
«Chile y Argentina, respecto del tema del señor Apablaza, obviamente que no coincidimos. Nosotros hemos reclamado en los tribunales argentinos por el otorgamiento del asilo político y eso es un tema que verá la justicia argentina», replicó de inmediato Moreno.
«Nosotros somos totalmente respetuosos del derecho internacional», remarcó el canciller.
En este encuentro se revisaron otros aspectos de la relación bilateral, como la integración fronteriza, la conectividad terrestre, la homologación de títulos universitarios y la agilización de un convenio de seguridad social. EFE