San José del Guaviare (Colombia), 3 oct (EFE).- El cultivo de la coca es la única alternativa para muchos campesinos colombianos, que hoy reclamaron el fin de las fumigaciones aéreas, indemnizaciones, subsidios, carreteras y una reforma agraria como primeras medidas para sacar adelante a sus empobrecidas familias.
Al término del Foro Regional sobre la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, celebrado en la capital del Guaviare (sur), uno de los epicentros de la coca en las dos últimas décadas, feudo de las FARC y con presencia de paramilitares o bandas criminales, más de 300 productores reclamaron así una reforma integral del campo.
En un documento, que leyó Henry Salgado, funcionario de la ONU, organizador del evento junto a la Universidad de Colombia, los campesinos insistieron en los estragos que causan en la salud de sus familias las fumigaciones aéreas con glifosato, el químico que arrasa con cultivos lícitos e ilícitos, por eso reclamaron «compensaciones económicas».
Esas aspersiones, que siguen en marcha en el único país andino donde están permitidas, han contaminado fuentes de agua y destruido flora y fauna de zonas tropicales con gran valor ecológico.
Y consideraron que la política antidrogas «debe ser reformulada con base en el principio de transparencia y respeto a los derechos humanos».
Ésta y otras reclamaciones irán a parar a La Habana, donde negocian la paz el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes pidieron a la ONU y la Universidad Nacional que organizaran este foro para escuchar a los cocaleros.
Hoy, los campesinos de Guaviare, Caquetá y Meta, algunas de las regiones más afectadas por la coca y la confrontación armada, contemplaron la erradicación manual como «una alternativa, siempre y cuando sea de manera amplia, concertada y progresiva».
Pero exigieron proyectos productivos de medio y largo plazo, salud, escuelas y carreteras para transportar los productos.
En definitiva, una «reforma social agraria» que incluya «proyectos para el uso lícito de la hoja de coca» y un «nuevo ordenamiento territorial que tenga en cuenta las características de cada región».
Durante este foro, el jefe en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), Bo Mathiasen, reconoció a Efe que a los campesinos les faltan oportunidades.
«La mayoría de los cocaleros no lo quieren hacer, donde hay coca hay conflicto, donde hay conflicto hay desorden e inseguridad», destacó.
Pero celebró que la coca en Colombia se haya reducido desde las 140.000 hectáreas sembradas en 2001 a 47.790 en 2012, lo que achacó «a dos causas fundamentales: la fumigación aérea y la erradicación manual».
A esas medidas forzosas se suma, según el funcionario de UNODC, «el desarrollo alternativo por el que los campesinos están cambiando la coca por otros cultivos».
«Eso es lo que estamos apoyando», manifestó, para resaltar que «los campesinos están en una situación muy compleja, en zonas donde está la guerrilla o bandas criminales, que les incentivan o fuerzan a sembrar la coca».
Durante este encuentro de tres días participó también el exdirector del Programa de Cultivos Ilícitos, el general retirado Rafael Colón, quien confesó el martes que el Estado «ha cometido errores».
«Soy crítico de cómo hemos actuado, el Estado ha cometido errores, no ha considerado las dinámicas de los territorios y el sentir de las comunidades», dijo a los campesinos.
El foro sobre drogas ilícitas celebrado en San José del Guaviare ha congregado por primera vez en Colombia de forma oficial a productores de coca y campesinos que voluntariamente han abandonado ese cultivo.
Se trata de un hito ya que, como dijo a Efe el representante de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, «es esencial la terminación del conflicto porque se abrirá la puerta a un legítimo desarrollo».
Por último, el anfitrión y alcalde de San José del Guaviare, Geovanny Gómez, dejó hoy claro que es «desde estos territorios donde se debe construir la paz a partir de las propuestas de sus comunidades». EFE