El exjuez español Baltasar Garzón, que actuó de observador del proceso electoral de Honduras como parte de una Federación Internacional de Derechos Humanos, ha declarado en Asunción que «hubo fraude electoral por distintos mecanismos y vías», según declaraciones citadas por la agencia AFP.
«El proceso electoral en Honduras ha sido muy preocupante. Desde el punto de vista de la misión de la que he sido parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos, nos ha llevado a decir que hubo fraude electoral por distintos mecanismos y vías», sostuvo el exmagistrado.
Garzón, integrante de una delegación de once miembros de la FIDH, dijo que «hubo compra de credenciales, compra de voluntades a la hora de votar y otros tipos de fraude que figuran en el informe que presentamos en Honduras».
«Un proceso democrático tiene que ser mucho más claro», dijo el jurista español al considerar que el financiamiento de las campañas políticas en ese país «es de un oscurantismo total, sin límites, y eso es muy peligroso».
El fraude es denunciado por Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009, y candidata del partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien no reconoce el triunfo del oficialista Juan Orlando Hernández en las elecciones del domingo pasado.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó el miércoles como ganador a Hernández, del Partido Nacional.
«La decisión del Tribunal fue mantener el resultado de todas formas, pero están las impugnaciones en marcha; se están comprobando falsificaciones de actas y eso tendrá que ser estudiado en los tribunales, que tienen que tomar una determinación», afirmó Garzón.
El exjuez español, que cobró notoriedad en 1998 cuando hizo arrestar en Londres al exdictador chileno Augusto Pinochet, también fue abogado de Julian Assange, quien se encuentra asilado en la embajada del Ecuador en Londres. Integra esa Federación Internacional para la promoción de los Derechos Humanos en representación del ministro de Justicia del gobierno de Cristina Kirchner. En 2012 coordinó una veeduría internacional que supervisó la confirmación de una nueva Corte Nacional de Justicia en Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa.