Caso Gustavo Petro: Investigarán al procurador colombiano

BOGOTA, Colombia (AP) — El fiscal general de Colombia ordenó el sábado una investigación preliminar contra el procurador a fin de intentar establecer si se extralimitó al destituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante 15 años.

El fiscal Eduardo Montealegre dijo ante reporteros que iniciará una indagación preliminar contra el procurador Alejandro Ordóñez «para determinar si existe o no alguna violación de la ley penal», luego de que el pasado 9 de diciembre el jefe del ministerio público relevara de su cargo al alcalde Petro.

La investigación pretende establecer, entre otros aspectos, si Ordónez incurrió en una «extralimitación de funciones» y si su dictamen fue proporcional a la falta cometida por Petro.

El fallo de la Procuraduría en primera instancia fue porque el burgomaestre cambió por decreto, en diciembre del 2012, el sistema de recolección de basura de la ciudad y por tres días hubo un caos sanitario en Bogotá, con desperdicios por toda la ciudad.

Partidarios del alcalde de Bogotá Gustavo Petro participan en una manifestación contra el procurador generalAlejandro Ordóñez que lo destituyó para lo cual Petro llamó a una protesta en Bogotá, Colombia, el viernes 13 de diciembre de 2013.  (AP Photo/Fernando Vergara)

«En este momento se cuestiona por qué razón se le impone al alcalde de Bogotá una destitución e inhabilitación de 15 años por defectos en la contratación, no por un caso de corrupción o pérdida de dinero público», agregó Montealegre.

La determinación de Ordóñez desató manifestaciones públicas en solidaridad con Petro, quien como alcalde de Bogotá es el segundo funcionario de elección popular más importante del país, después del presidente, debido al peso poblacional de la ciudad, con ocho millones de habitantes.

Petro, un exguerrillero y exsenador de 53 años, desde el principio catalogó el fallo de la Procuraduría, apelable ante la misma instancia, como un «golpe de Estado» y una afrenta contra el proceso de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos adelanta con la guerrilla de las FARC en Cuba desde noviembre de 2012.

El burgomaestre anunció en la víspera, a través de sus abogados, que esperaba viajar la próxima semana a Washington para exponer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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