BUENOS AIRES (AP) — El vicepresidente argentino Amado Boudou se presentó este viernes de forma espontánea ante el juez que debe decidir si le indagará por supuesto tráfico de influencias en una causa en la que su situación se ha vuelto cada vez más delicada.
El vicepresidente estuvo pocos minutos ante el juez federal Ariel Lijo en la sede de los tribunales de esta capital y al salir dijo a los periodistas que, más allá de las decisiones que eventualmente tome el magistrado, quiso manifestarle que cuenta con su «máxima colaboración».
Ayer, un fiscal federal pidió al magistrado que indague a Boudou y a Ricardo Etchegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por considerar que los funcionarios realizaron «negociaciones incompatibles con la función pública» en la quiebra y posterior adquisición de la impresora de billetes de curso legal Ciccone Calcográfica por parte del fondo de inversión The Old Fund.
«Que la investigación avance lo más rápido posible para que se esclarezca (la situación)«, afirmó el vicepresidente, quien instó a que la justicia tenga una «actuación rápida, independiente del poder ejecutivo, el cual tiene el máximo respeto». El alto funcionario ha negado en reiteradas ocasiones y de forma pública haber cometido maniobras delictivas, lo mismo que el titular del fisco.
Según el fiscal Jorge di Lello, Boudou cuando ministro de Economía habría incurrido en 2010 en negociaciones irregulares para que Ciccone Calcográfica -que luego pasó a denominarse Compañía de Valores Sudamericana- pudiera levantar su quiebra mediante un plan de pagos ventajoso y quedara después bajo control de un fondo de inversión cuyos dueños tendrían vinculación con el ahora vicepresidente. Investigadores sospechan que después la empresa fue favorecida con contratos con el Estado.
«No tengo nada que ver… ya expliqué que son mentiras«, dijo el vicepresidente sobre el caso, uno de supuestos hechos de corrupción más sonados durante la gestión de la presidenta Cristina Fernández. El funcionario señaló que había presentado al juez dos escritos, uno con argumentos que ya esgrimió más de una vez para declarar su inocencia, y otro de tono crítico sobre «la actuación del fiscal».
En tanto jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó en una rueda de prensa que Boudou es sometido a «una sistemática persecución y linchamiento mediático» y reclamó «garantizar el debido proceso».
No hay un plazo definido para que el juez responda si acepta el pedido del fiscal para interrogar a los dos funcionarios, así como a un asesor del titular del fisco y ocho empresarios que también fueron acusados.
En el caso de acceder a tomar declaración indagatoria a Boudou, el magistrado podría posteriormente considerar al vicepresidente responsable de un delito o considerar que no hay motivo para inculparlo.
La pena que les cabría a los funcionarios públicos sería de prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua.
Según legisladores opositores, Boudou no goza de fueros que lo protejan, beneficio que tienen los diputados y senadores, así es que el juez podría ordenar su detención preventiva tras escuchar en declaración indagatoria al vicepresidente y si lo considera pertinente.