El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, radicó este miércoles la carta en la que solicita al presidente Juan Manuel Santos que ejecute el fallo por el que se destituye e inhabilita por quince años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Con este trámite, el último previsto en este proceso, el presidente tiene diez días para definir si ejecuta el fallo de la Procuraduría (Ministerio Público) o acata las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el alcalde bogotano siga en el cargo.
Además, Ordóñez le ha solicitado una reunión a Santos para informarle de las implicaciones de la decisión, aunque por razones de agenda todavía no se ha fijado fecha para este encuentro.
Este es el último trámite previsto en el proceso tras el fallo del miércoles del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo de Colombia, que rechazó todas las tutelas (recursos de amparo) que buscaban suspender la destitución e inhabilitación de Petro y con lo que se agotaron las instancias legales contra la sanción.
La Procuraduría falló en contra del alcalde bogotano en diciembre pasado por el supuesto mal manejo de una crisis de basuras en la capital colombiana a finales de 2012 tras el cambio de un modelo privado a uno público.
Después de un periplo de más de tres meses por las instancias colombianas la CIDH dictó la noche del miércoles medidas cautelares a favor de Petro en las que solicita que se suspenda la aplicación del fallo, con lo que Santos tendrá que decidir si acata o no ese pedido. EFE