BOGOTA, Colombia (AP) — Un ministro del gabinete del presidente Juan Manuel Santos se juramentó el jueves como alcalde interino de Bogotá, cuyo burgomaestre elegido por voto popular fue destituido del cargo.
Es «un encargo muy honroso que me ha hecho el señor presidente Santos, entiendo los retos», dijo el alcalde interino, el ministro del Trabajo Rafael Pardo.
«Es un encargo coyuntural…, un encargo que tiene por objeto que la alcaldía tenga una persona para reemplazar una vacancia», añadió Pardo a reporteros en la sede de un juzgado donde firmó su posesión.
Ya la víspera, Santos había designado a Pardo, un economista de 60 años, para asumir de forma temporal la alcaldía de la ciudad, que con ocho millones de habitantes es la mayor y más importante ciudad de Colombia.
Ahora se espera que Pardo, quien ha sido desde senador hasta ministro de Defensa y consejero presidencial para la paz, acuda al Palacio de Liévano, la sede de la alcaldía, para tomar sus riendas. Ocupará el cargo de alcalde interino sin dejar el ministerio del Trabajo.
El destituido alcalde Gustavo Petro salió de su oficina la noche del miércoles luego de que Santos decidiera desoír la solicitud formulada el 18 de marzo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de suspender la destitución de Petro, que dictaminó en diciembre y ratificó en enero la Procuraduría General.
Con la decisión de Santos «se consolidó una acción que viola los derechos políticos… se consolidó un acto arbitrario», dijo en diálogo telefónico con The Associated Press Jorge Rojas, secretario de Integración Social de la administración de Petro.
«La decisión (de Santos) va a generar un desprestigio internacional» para el país, agregó Rojas.
El gobierno, a través de la canciller María Ángela Holguín, defendió la medida al alegar que lo que hizo la CIDH fue una solicitud que se podía o no atender, pero que además el sistema judicial colombiano operó en el caso de Petro porque resolvió a lo largo de tres meses más de 300 demandas, en una muestra de que los tribunales sí actuaron, lo que rebatía Petro y por eso acudió a la Comisión a fines de 2013.
«Es la primera vez que la Comisión nos solicita medidas cautelares sobre derechos políticos. Todas las demás que nos ha solicitado…la cuales todas se han aceptado, tienen que ver (con) la amenaza y la integridad de la vida de las personas pues está en juego y por esos las medidas cautelares se desarrollan precisamente en casos extraordinarios», reiteró Holguín en la jornada al hablar reporteros en la sede del ministerio.
El abogado Gustavo Gallón, de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, dijo a reporteros que ciertamente era la primera vez que Colombia desacataba a la CIDH «de una manera explícita argumentando que no está obligada a cumplirlo».
En otros casos pasados «lo que pasa es que (Colombia) ha cumplido mal. La mayoría de las decisiones de la Comisión Interamericana…han sido mal cumplidas», dijo Gallón.
Rojas, uno de los más cercanos colaboradores de Petro como los otros 12 integrantes del gabinete, presentaron la renuncia irrevocable a sus cargos y dieron un plazo hasta el 1 de abril para entregar sus cuentas a los nuevos designados.
Indicó también que Petro no presentará, como indican las normas colombianas en caso de ausencia de un alcalde, una terna de candidatos de los cuales el presidente Santos escoja a un sucesor hasta que se produzcan nuevas elecciones.
La razón de esa negativa es que Petro, un ex senador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), considera que todo el proceso violó sus derechos políticos y que él no forma parte de ningún partido sino de un movimiento independiente llamado Progresistas.
En al menos 50 días se llamará a elecciones para cubrir el cargo, explicó a la radio Caracol el ministro del Interior Aurelio Iragorri. Con esos plazos, los comicios se realizarían aproximadamente en junio, indicó.
Quien resulte elegido deberá terminar el mandato de Petro, que asumió el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015.
El caso de Petro, que se convirtió casi en una telenovela en la que el ahora exalcalde utilizó una artillería judicial para seguir en el cargo, comenzó en diciembre de 2013 cuando la Procuraduría General lo destituyó y le prohibió hacer política por 15 años debido a que a finales de 2012 el funcionario había cambiado por decreto el sistema de recolección de basura de Bogotá para entregarlo a la empresa estatal de aguas.
De acuerdo con el procurador general, Alejandro Ordóñez, tal medida de Petro violó normas de la libre competencia y libre empresa y causó por tres días un reguero de basura en la capital. Petro lo niega y siempre alegó que el procurador, visto como un ultraconservador, tomó una decisión ideológica y política en su contra por ser de izquierda.
Ordóñez dijo el jueves que la decisión de Santos «era lo esperado» y «un espaldarazo a la institucionalidad».
En declaraciones a Caracol Radio, el procurador indicó que, tras agotarse en Colombia todos los recursos jurídicos solicitados por Petro y luego de que el gobierno desatendió las peticiones de la CIDH, «pienso que salió fortalecida la institucionalidad».