BOGOTA, Colombia (AP) — El presidente Juan Manuel Santos dijo este martes que si una autoridad judicial le ordena restituir en el cargo al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro así lo hará porque su obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes y la constitución.
El comentario de Santos está relacionado con una petición que la defensa de Petro hizo al Consejo de Estado para que ordene medidas cautelares que temporalmente dejen sin efecto la suspensión de la Procuraduría, hasta tanto ese mismo tribunal emita un fallo de fondo y diga si el procurador general, Alejandro Ordóñez, tuvo razón al ordenar la destitución del alcalde.
«Si un juez me dice: ‘usted, por a, b o c motivos, tiene que restituir al alcalde’, lo restituyó al día siguiente. Que eso quede absolutamente claro», indicó el mandatario a la emisora Caracol Radio de Medellín.
Los abogados de Petro, que fue separado definitivamente del cargo por el propio Santos el 19 de marzo, elevaron ante el mencionado alto tribunal un recurso extraordinario con el objetivo de que se evite «un daño irreparable» porque eventualmente el propio Consejo de Estado puede concluir que la destitución del alcalde no se ajustó a la ley.
El lío radica, según los abogados de Petro, en que los procesos formales ante el Consejo de Estado pueden tardar años.
La oficina de prensa del Consejo de Estado, una de las cuatro altas cortes del país, explicó que la decisión sobre las medidas cautelares pedidas por Petro deberá ser tomada por el magistrado Gerardo Arenas. Advirtió que no está claro si la determinación de Arenas se conocerá en la jornada o en los próximos días.
El propio Consejo de Estado le negó a Petro, en varias oportunidades, varios recursos de tutela -muchos de ellos presentados por sus simpatizantes- con los que se pretendía suspender la destitución de la Procuraduría.
El 9 de diciembre, en un fallo luego confirmado en enero, el procurador Ordóñez destituyó a Petro por una serie de anomalías que había cometido el alcalde al modificar unilateralmente el sistema de recolección de basura de la capital colombiana en diciembre de 2012.
Petro sostiene que no incurrió en ilegalidades y que en realidad fue sacado del cargo por las posturas religiosas y de derecha del procurador.
Petro fue guerrillero del ya pacificado Movimiento 19 de Abril o M-19 y fue elegido por voto popular en octubre de 2011.
El 18 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al gobierno colombiano dejar sin efecto la destitución de Petro, una solicitud que fue desoída por Santos con el argumento de que al alcalde se le respetaron sus derechos y se le había permitido acudir a todos los mecanismos de defensa en Colombia.
La alcaldía de Bogotá -con unos ocho millones de personas- es el segundo cargo de elección popular más importante del país después del de presidente.
Tras hacer efectiva la destitución de Petro, Santos nombró alcalde de forma interina a Rafael Pardo, actual ministro de Defensa.