Pekín, 22 oct (EFE).- El aparente aumento de la violencia en Xinjiang, donde cohabitan la etnia uigur y la mayoritaria han y de la que el Gobierno chino culpa a grupos terroristas que buscan crear un Estado independiente, no pasará desapercibido durante el Plenario del Partido Comunista, que hoy celebra su tercer día.
Pese a no saberse a ciencia cierta, ya que la reunión se celebra a puerta cerrada y apenas se divulga información sobre ella, se estima que los enfrentamientos en Xinjiang, y en ocasiones fuera de la región, sean objeto de debate entre los líderes, que llevan un año de extrema persecución de posibles sospechosos.
Con alrededor de 200 muertos en lo que va de año, las turbulencias se agudizaron en 2009, tras unas reyertas en Xinjiang en las que al menos dos centenares fallecieron y 1.700 personas resultaron heridas.
La «novedad» en los pasados doce meses fue, inicialmente, que el conflicto llegara al corazón del país, cuando unos individuos chocaron y explosionaron su vehículo frente a la Ciudad Prohibida, causando cinco muertos y 40 heridos y exponiendo la vulnerabilidad de uno de los lugares más blindados de China.
Además, a finales de marzo, decenas de personas acuchillaron a la multitud en una concurrida estación de tren de la pacífica región meridional de Yunnan, incidente en que hubo 33 muertos y que conmocionó a la población china.
Todos los ataques fueron adjudicados de forma casi inmediata a fuerzas separatistas de Xinjiang, como el Movimiento del Turquestán Oriental (ETIM), por el Gobierno chino, que asegura que son atentados que sirven a la causa de la consagración de un estado independiente en esa región, hogar de la etnia uigur de religión musulmana.
Las autoridades chinas afirman que los verdugos reciben influencia de yihadistas extranjeros, teoría que arguye desde hace más de una década, cuando después del 11S Pekín pidió con éxito a EEUU que incluyera al ETIM en su lista de grupos terroristas.
Pero algunos expertos ven más a la organización como un grupo «paraguas» que el Gobierno chino emplea para simplificar el problema, y dudan de que sea tan sencillo identificar a los culpables.
James Leibold, doctor en Política y Estudios Asiáticos de la Universidad La Trobe, dice a Efe que «la política de China en la región es uno de los principales detonantes de la violencia».
«Algunas medidas (culturales, de seguridad) les hacen sentirse marginados», opina, y señala como ejemplo que apenas hay uigures en puestos de peso en las instituciones públicas.
Una consecuencia de ello es, en la opinión de Leibold, «que existe un creciente sentimiento religioso en Xinjiang» entre la población uigur musulmana, que desde el exilio defiende la independencia por la vía pacífica.
Es al menos la postura del Congreso Mundial Uigur, cuyo portavoz, Alim Seytoff, desmiente que en Xinjiang operen grupos terroristas y asegura a Efe que «así es como el Gobierno chino y sus medios de comunicación los denominan para engañarse a sí mismos».
Estos ataques, dice, «son difíciles de ratificar por la prensa extranjera y observadores de la ONU, a quienes China obstaculiza la entrada y la libre circulación por Xinjiang», por lo que asegura que «no se puede confiar en las afirmaciones del Ejecutivo chino».
Grupos como el suyo denuncian también el aumento de las detenciones y las cada vez más severas condenas contra los acusados de terrorismo. Así, al menos 36 personas han sido sentenciadas a la pena de muerte en los pasados meses, en ocasiones en juicios multitudinarios celebrados en estadios de fútbol, al estilo maoísta.
Pero si algo preocupa a analistas y organizaciones de derechos humanos es la falta de un puente de entendimiento entre los uigures y las autoridades, que además quedó plenamente dinamitado cuando en septiembre China condenó a la cadena perpetua al intelectual Ilham Tohti, la voz más moderada de esa comunidad.
«El mayor problema es la falta de confianza entre ambos. Y lo peor es que no veo posible que eso mejore», apunta Leibold.
De momento, la población uigur permanece segregada en Xinjiang, sobre todo en el sur de la región, mientras el Gobierno chino promueve controvertidas iniciativas para favorecer la integración.
Entre ellas, ha llegado a ofrecer compensaciones económicas a matrimonios interétnicos, o a pagar viajes por todo el país a las mujeres que dejaran de utilizar el velo íntegro, lo que para muchos no hace sino exacerbar la aversión de los uigures, al sentirse asimilados por la población han (más del 90 % del total en China).
Un maremagno que «no pinta bien en el corto plazo», apunta Leibold, y del que ni siquiera es posible, como dice, saber realmente si la violencia ha aumentado estos años o «si nos llegan más casos gracias a las redes sociales y a la propia voluntad del Gobierno chino». EFE